El touroperador turístico TUI informó ayer de que ha abonado 50 millones de euros a la Agencia Tributaria española a raíz de una investigación judicial abierta en Palma de Mallorca respecto a dos operaciones realizadas por sus filiales españolas en los años 2001 y 2005.
En el comunicado de TUI se pone de manifiesto que, en opinión de las autoridades españolas, las transacciones realizadas por sus filiales "pudieron suponer un delito fiscal".
El grupo, prosigue la nota, ha decidido no continuar con este proceso judicial y ha abonado 30 millones de euros en concepto de los impuestos de las transacciones realizadas, así como el pago adicional de 20 millones por intereses y multas.
El próximo 31 de marzo está previsto la celebración de un juicio en la capital balear sobre este asunto que, presumiblemente, concluirá ese mismo día con el reconocimiento de la compañía de haber incurrido en cinco delitos fiscales entre los años 2001 y 2005.