La Confederación del Taxi de España (CTE) exigió ayer la retirada de la aplicación del sistema UBER, que pone en contacto a particulares para la realización de trayectos en vehículos privados y que intermedia además en el cobro, y advirtió que, de lo contrario, podrían convocarse protestas de ámbito nacional que podrían paralizar la calle.
La confederación exigió a Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos en un comunicado difundido entre los medios de comunicación que adopten medidas "con carácter inmediato" para "impedir que se vulnere la legalidad establecida" y se vete la aplicación, al considerar que fomenta el "transporte pirata", "sin garantía alguna" para los viajeros y usuarios que elijan esta opción.
En esta misma línea, los taxistas consideran que se fomenta la economía sumergida y la creación de una bolsa de fraude fiscal, pues no existe "control administrativo alguno" sobre los particulares que utilizan la aplicación, al tiempo que estiman que los usuarios "no contarán con garantía alguna en la prestación de los servicios".
Finalmente, la organización de trabajadores autónomos del taxi advirtió de que "la situación se está tornando insostenible" y que "el acceso ilegal" al sector de "especuladores de todo tipo" pone en peligro "más de 100.000 puestos de trabajo sólo en el sector del taxi", apuntó.
No es la primera ocasión en la que esta aplicación suscita opiniones controvertidas.
La pasada semana, el Tribunal de Comercio de Bruselas ordenó a la sociedad estadounidense UBER, que tiene entre sus inversores más importantes a la empresa Google, el cese de sus actividades de vehículos compartidos entre particulares.
Esta decisión fue criticada por la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, quien aseguró la sentencia no pretende "proteger o ayudar a los pasajeros, sino a un cartel de taxis".