El número de operaciones sospechosas comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a lo largo del pasado ejercicio se incrementó un 17,1%, un dato "significativo" teniendo en cuenta que el número de entidades financieras ha disminuido como consecuencia del proceso de reestructuración bancaria.
Según recoge la memoria anual del supervisor, el 65,3% de las comunicaciones hacían referencia a un posible uso de información privilegiada y, en más de la mitad de los casos, las operaciones se vinculaban a la publicación de hechos relevantes correspondientes a grandes operaciones corporativas.
La Comisión detectó durante el pasado ejercicio un aumento en el número de comunicaciones con indicios de manipulación de precio, una tendencia que se inició en 2012 y que ha continuado en 2013. El 18,5% de las comunicaciones recibidas por el supervisor hacían referencia a instrumentos financieros emitidos en España. También se ha registrado un "considerable incremento" de las comunicaciones relativas a instrumentos de derivados, que en años anteriores eran residuales.
Al igual que otros años, el supervisor informó a las entidades remitentes sobre la calidad de sus comunicaciones con el fin de mejorar la información, un aspecto que tomará impulso con el nuevo Reglamento de Abuso de Mercado.
Las comunicaciones de operaciones sospechosas sobre instrumentos españoles recibidas en otros reguladores supusieron el 11% del total, mientras que las remitidas por la CNMV a otras autoridades representaron el 4,6%.
En los expedientes abiertos el año pasado se contemplaban 17 infracciones por incumplimiento de normas de conducta en la relación con clientes o inversores, siete por incumplimiento de la normativa sobre ventas en corto, seis por la "incorrecta" comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas, cinco por abuso de mercado (manipulación de mercado y uso de información privilegiada) y el resto por retrasos y otras irregularidades en la remisión a la CNMV de información regulada. Además, comunicó a la autoridad judicial la apertura de nueve expedientes sancionadores incoados por infracciones debidas a irregularidades en la remisión de información regulada de carácter financiero.