El Gobierno aprobó ayer un decreto que regula el procedimiento por el que todas las administraciones deberán hacer público, a partir del próximo mes de octubre, el plazo medio de pago a sus proveedores y que permitirá al Ministerio de Hacienda asumir esos pagos si están por encima del periodo establecido y después descontárselo a las comunidades y los ayuntamientos de su financiación.

El ministro Cristóbal Montoro presentó este procedimiento en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros y celebró que va en la línea de "transparencia" en la que trabaja el Gobierno. "Erradicar la morosidad es un gran objetivo del Gobierno y del país porque es clave para superar la crisis", reconoció.

Este real decreto da cumplimiento a la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que se introducía el concepto de periodo medio de pagos (PMP) como expresión del volumen de la deuda comercial, y se establecía la obligación de que todas las administraciones públicas hagan público su periodo medio de pagos.

Montoro explicó que esto permitirá "con claves homogéneas" conocer si efectivamente todas las administraciones reducen sus plazos hasta llegar a los límites establecidos legalmente, un objetivo que ve "al alcance de la mano".

En caso de que comunidades o ayuntamientos no cumplan con esta disposición, el real decreto permite al Ministerio de Hacienda intervenir "en su parte correspondiente del sistema de financiación autonómica o local para garantizar que los proveedores están cobrando en su tiempo".

"En el caso de que una comunidad autónoma o administración local tenga dificultades y no cumpla con los compromisos establecidos en la ley, el Ministerio podrá pagar esas facturas y se lo restará de la financiación correspondiente", expuso Montoro.

Según detalló el ministro, el periodo medio de pagos por parte de la Administración General del Estado en el primer trimestre de 2014 fue de 26,8 días, frente a los 41,7 días del primer trimestre del año 2012.