El Gobierno se comprometió ayer a poner en marcha en octubre un plan de recuperación del empleo y ampliar la protección social a parados de larga duración, con cargas familiares, que vivan en hogares sin ingresos laborales y con baja formación, especialmente, mayores de 45 años.
La reunión que mantuvo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa, se saldó con un documento de acuerdos, entre los que destaca la ampliación de los mecanismos de protección social ligados a políticas de empleo para quienes lleven más de un año en paro.
Además, se elaborará un mapa de prestaciones sociales y subsidios por desempleo en todo el territorio nacional (Gobierno central y autonómico), para mejorar la coordinación y hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos.
En cuanto al plan de empleo, el documento contiene medidas de orientación, formación, recualificación y reconocimiento de la experiencia laboral.
Con este programa, los parados conseguirán formación para obtener un certificado de profesionalidad que incluya compromisos a la contratación, mediante la identificación de las cualificaciones más demandadas, como los servicios medioambientales, los de atención a la persona y las tecnologías de la información y comunicación.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, que también asistió a la reunión, aseguró que el objetivo es "acortar el tiempo de inserción" de los desempleados en mercado laboral, así como "acompañar" a las familias con todos sus miembros que estén en situación de paro hasta que vuelvan a trabajar". Una medida con la que el Gobierno piensa crear más trabajo.
CCOO y UGT piden que se refuerce la ayuda
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han afirmado que el Gobierno se ha comprometido a dotar estos planes de un presupuesto, algo para lo que le han sugerido que implemente sus propuestas en la próxima Reforma Fiscal. Los sindicatos han pedido al Gobierno ayudas para los cabezas de familias que tengan a todos sus miembros en paro y no reciban ingresos laborales (unas 500.000 personas), un colectivo sobre el que todos han coincidido en reforzar su protección para evitar el riesgo de exclusión social. Han considerado necesario que se tomen estas medidas para acabar con los elevados niveles de desempleo en determinados colectivos y con el riesgo de exclusión social de las familias en paro y sin prestaciones por desempleo y han pedido al Gobierno que dote la red de desempleo con 2.500 millones de euros. Báñez no ha querido cuantificar la financiación que podrían tener esta medida y ha añadido que el Gobierno siempre ha trabajado para que ninguna persona se quede desprotegida. "Un país moderno no puede dejar en la estacada" a estos colectivos, han añadido los líderes sindicales, para quienes con esta medida urgente que se pondría en marcha mientras se lleva a cabo el estudio del establecimiento de una renta básica garantizada para situaciones de exclusión social.