La Ley de Auditoría de Cuentas, cuya aprobación se prevé para antes de final de año, tiene como principales objetivos reforzar la independencia del auditor con criterios más estrictos.
El proyecto está en fase de borrador y afecta a todos los auditores de cuentas y sociedades de auditoría y, sobre todo, a los trabajos de auditoría de entidades de interés público (EIP). El texto amplía el concepto de EIP, ya que además de las entidades cotizadas, aseguradoras y de crédito, también formarán parte las que negocien en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Para fortalecer la independencia de los auditores, se pretende que no se conformen sólo con la información que les dé la entidad auditada.