La Inspección de Trabajo transformó 39.385 "falsos" contratos temporales en indefinidos a lo largo del año pasado, y la actuación contra el fraude laboral ha permitido a la Seguridad Social recuperar 9.271 millones de euros en lo que va de legislatura.
Así lo señaló ayer en el pleno del Congreso la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al ser interpelada por el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Ricardo Sixto sobre la situación de "semiesclavitud" que sufren los trabajadores agrarios por la acción de las empresas de trabajo temporal (ETT).
El diputado describió la situación de los recolectores de naranja en la Comunidad Valenciana -aunque señalando que esas condiciones de trabajo se repiten a lo largo y ancho de la geografía nacional-, que sufren "jornadas de sol a sol por 24 euros al día cuando el convenio marca 49 euros", muchos pagos en especie o reducciones del salario por "cuestiones inverosímiles" como el alquiler de las herramientas, el traslado al campo o el "alquiler abusivo" de los "cuchitriles" donde se alojan.
"Este tema no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la Seguridad Social", recordó el valenciano, que responsabiliza de esta situación en gran medida a las ETT, que propician la cesión de trabajadores para cubrir empleos estables haciendo uso de una posibilidad "legal pero manifiestamente injusta" y que permite "frecuentes abusos".