La inestabilidad política y la falta de independencia judicial han hecho que España pierda puntos en el Índice Internacional del Derecho a la Propiedad Privada.

Este índice, elaborado por Civismo y otras 80 organizaciones internacionales, bajo la coordinación de la Property Rights Alliance, determina el grado de nivel de respeto por la propiedad privada por parte de cada país.

En 2014, la nota española ha bajado una décima, después de mantener la calificación del 6,4 (sobre 10) durante 2012 y 2013. El 6,3 actual coloca al país en la 31º posición del ranquin mundial y en el 17º puesto en la clasificación europeo-occidental.

El índice analiza el derecho a la propiedad privada a través de tres factores: la propiedad intelectual, la propiedad física y el entorno político y legal.

El caso español estudiado en profundidad para este informe por la jefa de investigación de Civismo, Cristina Berechet, denota algunas singularidades. Su retroceso en la clasificación se debe a los obstáculos que suscita el entorno político y legal, como, por ejemplo, la falta de independencia judicial, la inestabilidad política y los retrocesos en el Estado de Derecho.