La Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas de España (Copyme) ha solicitado al Gobierno prorrogar cinco años, del 2015 al 2020, los alquileres de renta antigua de los locales arrendados a comercios y pymes.
Según ha señalado su presidente, Salvador Bellido, el temor por la finalización de los contratos de renta antigua con efectos para el próximo 1 de enero ha provocado una paralización de las inversiones, tal y como trasladaron ayer al PSOE en la reunión que mantuvieron con el grupo parlamentario en el Senado.
Además adelantó las jubilaciones de muchos encargados de los negocios, que han optado por esta medida antes de que se vean obligados a cerrar al no poder asumir una renta actualizada o a abandonar el espacio en el caso de que el propietario del local quiera arrendarlo a otras personas o hacer otro uso del local.
En este contexto, las empresas afectadas han reducido el volumen de pedidos a los productores, han disminuido el número de empleados y han centrado su actividad en consumir el stock existente a la espera de ver si finalmente se pone fin a los alquileres de renta antigua en 2015.
Para alertar de los efectos negativos que puede tener esta medida, Copyme ha remitido cartas al PP, a los grupos parlamentarios y a los presidentes autonómicos y hoy mantendrán una reunión con el coordinador de IU, Cayo Lara.
El sector del comercio minorista calcula que la finalización de la renta antigua pone en riesgo 519.000 puestos de trabajo en toda España y afecta a más de 190.000 comerciantes.
Al igual que Copyme, UPTA también ha solicitado una moratoria. Y es que, según sus cálculos, el próximo 1 de enero finalizarán entre 60.000 y 75.000 contratos de alquiler de renta antigua que no han sufrido ninguna actualización.
Su presidente, Sebastián Reyna, aseguró que de los 200.000 locales que actualmente tienen contratos de renta antigua muchos de ellos han pactado alguna actualización de sus rentas y entre 15.000 y 20.000 mantienen conversaciones con los propietarios para buscar una solución antes de que acabe el año.
El PSOE también reclamó que se aplace la medida 5 años y anunció que presentarán una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos que se debate en estos momentos en el Senado.
La mayoría de los locales comerciales con renta antigua se ubican en Cataluña, principalmente en Barcelona, además de otras ciudades como Madrid, Granada o Córdoba.