El Consejo de Ministros se dispone a aprobar un incremento del presupuesto inicial destinado al pago de prestaciones no contributivas de 100 millones de euros, ante el aumento de beneficiarios por encima de las previsiones presupuestarias iniciales, según han confirmado fuentes del Ministerio de Empleo.

Este incremento adicional del gasto en el nivel no contributivo se produce sobre un presupuesto anual que supera los 13.000 millones de euros, recuerdan las mismas fuentes.

Por su parte, el secretario confederal de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, lamentó durante un acto en Pamplona que, mientras es preciso hacer dotaciones adicionales para el pago de prestaciones no contributivas, el Gobierno ha sacado adelante una reforma fiscal que supondrá una pérdida de ingresos públicos de 9.000 millones de euros hasta 2016.

"Resulta especialmente contradictoria la política de regalos fiscales a determinados colectivos y rentas, que se ha aprobado en la reforma fiscal, al tiempo que nuestro sistema de protección social salta por las costuras y no es capaz de dar cobertura a todas las personas que lo necesitan", añadió.

Actualmente, el número de personas que tienen reconocida una pensión no contributiva asciende a 450.519 personas, de las que el 68% son mujeres, según datos que maneja de estudios el citado sindicato.

Este tipo de prestaciones tiene como objetivo cubrir situaciones de especial necesidad y suele estar ligado a personas mayores de 65 años o con discapacidades muy severas -al menos el 65% de minusvalía-, que generalmente se han visto excluidos del empleo de tipo formal durante un tiempo suficiente como para poder generar derecho a otro tipo de prestaciones que son de naturaleza contributiva.

El secretario confederal de Protección Social de CCOO señaló que "la principal causa para el crecimiento de las pensiones no contributivas está siendo la caída de los ingresos de las familias en las que conviven estas personas". "De hecho, el empobrecimiento de los hogares está afectando tanto a parados como a trabajadores", manifestó.

En este sentido, Bravo insistió en que las políticas económicas y sociales del Gobierno han supuesto la reducción de la protección por desempleo de los 5,4 millones de parados, mientras que en el caso de los ocupados, los salarios se han visto congelados o rebajados.