El mercado laboral comenzó a remontar en 2014 con la creación de 1.095 empleos al día, un dato optimista que no ha impedido que el número de hogares con todos sus miembros en paro se sitúe en 1.789.400, según la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre.

Y precisamente por la situación de ese colectivo, el Gobierno y los interlocutores sociales han impulsado una nueva ayuda para parados de larga duración, con cargas familiares y que han agotado todas las prestaciones, que deberá estar aprobada este mes con efectos del 1 de noviembre.

De esta forma, el año cerrará con una foto que plasmará el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal sobre políticas para la activación del empleo, un objetivo marcado en la reunión de Moncloa del 29 de julio para impulsar el diálogo social.

Este año, el Gobierno ha insistido en que la recuperación del empleo no era un fenómeno pasajero, sino que se reforzaba mes a mes en una tendencia sostenida y coherente.

De hecho, el paro registrado comenzó a bajar en febrero y lo hizo hasta el mes de julio. En agosto se rompió la racha durante un trimestre para volver a caer el mes pasado, con el mejor dato de un noviembre de los últimos 18 años.

Por contra, los sindicatos han mantenido que para que se consolide la recuperación son necesarios mejores empleos y salarios, y han acusado al Gobierno de fomentar la temporalidad lo que, a su juicio, ha provocado un aumento de la ocupación que no se compadece con la realidad.

En el tercer trimestre del año, la tasa de paro se colocó en el 23,67 %, lo que supone que, por primera vez desde 2011, ha bajado del 24 % y el número de desempleados se situó en 5.427.700 personas (cerca de novecientas mil parados más que los contabilizados por las oficinas de empleo).

Pese al descenso, los sindicatos han recordado que la Comisión Europea prevé que España tenga en 2016 la tasa de paro más alta de Europa.

Sobre la tasa de paro también se ha manifestado la OCDE quien ha valorado las políticas del Gobierno pero ha lamentado que su implantación en las autonomías sea lenta debido al "enfoque pasivo" de los servicios de empleo.

El descenso del paro ha ido en paralelo a un aumento de la afiliación que a mediados de año llegó a registrar el mejor dato en 14 años.

La ocupación ha subido fundamentalmente en los sectores industrial y de servicios, y la mayoría de esos nuevos empleos ha correspondido a hombres, un sexo que se ha visto favorecido por el auge del sector industrial donde la mayoría de trabajadores son varones.

Desde el Gobierno se han vinculado el descenso de desempleados y el aumento de la ocupación con medidas como la tarifa plana de 100 euros, que ha permitido 160.000 nuevas contrataciones.

Esta medida se ha sumado a la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos que ha posibilitado un aumento de 65.829 trabajadores.

Otra iniciativa puntera ha sido el Plan de Garantía Juvenil, que prometía a los jóvenes trabajo, formación o prácticas en 4 meses.

Sin embargo, las críticas han llovido sobre este plan, dado que cinco meses después de su puesta en marcha, el número de inscritos no respondía a las expectativas, según denuncia la oposición.

Y en esta senda de recuperación, sindicatos y patronal siguen enzarzados en la negociación del Acuerdo para la Negociación Colectiva, que deberá suplir al actual, que finaliza el 31 de diciembre. Aquí, el tema salarial es el principal escollo.

Los sindicatos no quieren que el acuerdo recoja dígitos salariales mientras que la patronal aboga por un 0,6 % de subida, en línea con la moderación salarial.

Con esta negociación abierta, CEOE celebra elecciones el día 17 con dos candidatos: el actual presidente, Juan Rosell, y el aspirante y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, que se han decantado en sus programas por la transparencia y la ética, algo razonable tras las sombras que se han cernido sobre las organizaciones empresariales.

Así Jesús Terciado dimitió hace poco más de un mes al frente de Cepyme después de ser relacionado por un juez con presuntos cobros irregulares. Poco antes, Arturo Fernández anunció que dejaba CEIM a raíz de la polémica por el uso de una tarjeta opaca de Caja Madrid.

El uso de tarjetas opacas también afectó a los sindicatos y provocó las dimisiones del secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, y del miembro de la Ejecutiva de CCOO Rodolfo Benito. Ambos sindicatos han abierto investigaciones internas.

En noviembre, el líder de UGT, Cándido Méndez, reiteró que no se presentará a la reelección y adelantó en un año, a 2016, el congreso confederal, pero dejó claro que la decisión no se debe a los escándalos, sino a la necesidad de emprender cambios internos.