La fusión de la Sociedad de Garantías Recíprocas (Sogarte), controlada por los empresarios de la provincia tinerfeña, con la Sociedad de Avales de Canarias (Sogapyme), en manos de empresarios de la provincia oriental, nace marcada por el pleito insular. Entre otros, la patronal de Las Palmas –la Confederación Canaria de Empresarios (CCE)– acusa al Gobierno regional de haber maniobrado para otorgar los cargos importantes del nuevo ente a los empresarios de Santa Cruz de Tenerife, algo que desmiente el Ejecutivo y la patronal CEOE-Tenerife.

EL DÍA ampliará en su edición en papel del sábado una información sobre las diferencias surgidas.