La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 3,19 millones de euros a varios concesionarios de la firma Land Rover por prácticas constitutivas de cártel, según informó la organización en un comunicado.
La CNMC señaló que se trata de dos infracciones independientes entre sí e imputables a cada grupo de concesionarios en función de la zona geográfica en la que se hayan cometido dichas prácticas. Las dos regiones son Madrid y Barcelona.
Esta multa responde, según Competencia, a que se considera acreditado que varias empresas concesionarias de la firma Land Rover se pusieron de acuerdo para fijar precios y otras condiciones comerciales y también intercambiaron información estratégica en las zonas de Madrid y Barcelona.
La organización presidida por José María Marín Quemada señaló que dichos acuerdos tenían el objeto de limitar la competencia entre los integrantes del cártel y resaltó que una de las particularidades fue la participación de empresas externas contratadas por dichos puntos de venta para controlar el cumplimiento del pacto.
Esas empresas realizaban visitas periódicas a los concesionarios con el fin de recoger información que más tarde se ponía a disposición del resto de centros. De esta manera, en la zona de Madrid se ha multado a Adventure Center, Bruselas Motor 4x4, C. de Salamanca, Deysa Land Rover, Divento 4x4, Movilcar, Quiauto y a S.A.U por dichas prácticas. También están incluidas las empresas ANT y Howarth.
En la zona de Barcelona los centros sancionados por la CNMC han sido Accesoris Manresa 4x4, así como Auto Pla de Vic 4per4 y Land Motors, que se considera que cometieron dichas irregularidades en colaboración con ANT. Las multas establecidas oscilan entre la más baja que se sitúa en los 14.514 euros y los 939.313 euros.
Competencia indica que el entramado organizativo diseñado presenta características propias de un cártel, como ocultación deliberada de acuerdos ilícitos, regularidad de celebración de los encuentros entre los concesionarios, represalias adoptadas contra las empresas incumplidoras y la utilización de terceras empresas para llevar a cabo un control y seguimiento de los acuerdos.
La organización recuerda que estas resoluciones no se pueden recurrir de forma administrativa, sólo mediante un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde su notificación.
Esta sanción de 3,19 millones de euros a concesionarios de Land Rover se suma a la de 9 millones de euros impuesta el pasado día 13 de marzo a un total de 45 centros de las marcas Toyota, Hyundai y Opel por las mismas prácticas.