La Audiencia Provincial de Madrid cree que existen "datos suficientes" de que el exministro de Economía Rodrigo Rato pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo, por lo que considera que fue "adecuada y razonable" la fianza de 18 millones de euros que se le fijó para levantar el embargo sobre sus cuentas.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el tribunal madrileño desestima el recurso que el exvicepresidente del gobierno interpuso contra esta medida cautelar dictada por el instructor Antonio Serrano-Arnal el pasado mayo, a la que tachaba de "excesiva y desproporcionada" por incluir conceptos como el pago de la multa que en su día se le pudiera imponer.
Sin embargo, los tres magistrados de la Audiencia aluden a la "complejidad del asunto", derivada del entramado de sociedades mercantiles "dirigidas y gestionadas directa o indirectamente" por él y "de los numerosos terceros que han podido intervenir y tener participación" en esa red.
Así, aunque reconocen la "insipiencia de la investigación", subrayan que "existen datos suficientes como para que el denunciado hubiera podido incurrir en la supuesta comisión" de uno o varios delitos fiscales y otro de blanqueo, no así el de alzamiento que, recuerdan, ya ha descartado la Fiscalía Anticorrupción.
No obstante, pese a que abren la puerta a que la cuantía pueda ser modificada, tanto al alza como a la baja, según avance el caso, creen que procede mantenerla a la luz de los datos contenidos en el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) que precipitó el caso y, que incluía, además de cinco delitos fiscales y uno de blanqueo, el de alzamiento.
Un informe del que ayer se desvinculó la inspectora jefe de la Onif, Margarita García-Valdecasas, durante su declaración como testigo, tras lo cual el juez procedió a convocar para mañana al ex director gerente del FMI "a fin de ser oído en calidad de encausado por los hechos que motivan la instrucción".