El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial en la que pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) si la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cumplió con la legalidad comunitaria en aspectos como la independencia de los reguladores o el cese anticipado de los presidentes y consejeros de los organismos que quedaron integrados en el nuevo ''superregulador''.

En concreto, la sala de lo contencioso administrativo del Supremo ha recogido una denuncia del expresidente de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) Bernardo Lorenzo y del exconsejero del mismo organismo Xabier Ormaetxea acerca de sus ceses y ha decidido trasladar tres preguntas a Luxemburgo sobre estas destituciones y el proceso de creación de la CNMC.

El auto, cuyo contenido adelanta este jueves ''El País'', incluye una primera pregunta referida a si la creación de un marco regulatorio común de redes y servicios de comunicaciones electrónicas a través de un organismo de carácter "no especializado" es compatible con las directivas europeas en lo referido a la salvaguarda de los intereses generales de este tipo de supervisores y reguladores.

La segunda cuestión se refiere a las condiciones de independencia de las autoridades reguladoras en materia de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, mientras que la tercera pregunta se interesa directamente acerca del cese de presidentes o consejeros de organismo reguladores como consecuencia de la "mera entrada en vigor de una nueva ley nacional".

El cese anticipado de los consejeros, recuerda el Supremo, se produjo como consecuencia de la creación de un nuevo organismo que agrupó a los reguladores anteriores sin que se produjese "la pérdida sobrevenida de las condiciones personales de sus titulares que fueron establecidas de antemano en el derecho nacional".

En su denuncia ante el Alto Tribunal, Bernardo y Ormaetxea ya pedían que se trasladaran algunas cuestiones prejudiciales al TUE, entre ellas una directamente relacionada con el real decreto de 2013 en el que se disponían sus ceses.