"Pensábamos que iba a interesar a cuatro profesores universitarios y poco más, pero cuando la gente se enteró se ha desbordado". Esa gente de la que habla Francisco Hernández, profesor de Derecho de la Universidad de La Laguna, son funcionarios y técnicos de las administraciones canarias, y acudieron el pasado jueves al seminario "La transposición de las nuevas directivas sobre contratación pública", ávidos de información para afrontar los problemas de inseguridad jurídica e incremento de la litigiosidad que, según los especialistas, se producirán como consecuencia del retraso en adaptar las normas comunitarias a la legislación nacional.

Al Gobierno español se le ha pasado el plazo para transponer las dos directivas europeas que regulan la contratación pública y las concesiones. Las leyes nacionales de la materia ya eran suficientemente complejas -el texto refundido que las recoge tiene casi 400 artículos y ha sufrido nada menos que doce modificaciones desde 2011-, pero añadirles dos normativas más eleva esta complejidad hasta límites difícilmente asumibles por el funcionariado. "Habría que ir artículo por artículo para ver lo que ha cambiado. No solo es complicado, sino que genera mucha inseguridad jurídica. Los técnicos están preocupados: con unas directivas nuevas y una ley vieja hay que afinar mucho", advierte Hernández.

Estas dificultades pueden derivar en "problemas de legalidad" en las licitaciones y contratos públicos. Guiarse por la ley incurriendo en contradicción con las disposiciones comunitarias acarrea el riesgo de impugnación. La litigiosidad ya ha aumentado durante los años de la crisis. "Cuando había muchos contratos, las empresas que no conseguían uno iban a por el siguiente; ahora, cualquier licitación tiene 20 empresas interesadas, y una se lleva el contrato y las otras 19 están dispuestas a recurrir", expone el docente de la ULL. Tal vez el repunte que ha experimentado recientemente la contratación pública podría atenuar esta conflictividad, aunque el embrollo normativo fruto de la demora en transponer las directivas amenaza con mantenerla en todo lo alto.

En realidad, no es para menos. La contratación pública, además de ser "un poderoso factor de reactivación económica", supone una oportunidad de negocio. Una cifra lo deja claro: las licitaciones de la administración representan cerca del 20 por ciento del producto interior bruto (PIB).

Una guía para tiempos de complejidad

Corrupción o malas prácticas, concursos de acreedores, incremento de los precios finales de los contratos, inclusión de cláusulas sociales o ambientales... Todos estos aspectos han sido tratados por profesores de Derecho españoles, franceses e italianos en el proyecto de investigación "El impacto de la crisis en la contratación pública", coordinado por el docente de la Universidad de La Laguna Francisco Hernández y que ha terminado tomando la forma de un libro en cuya publicación ha colaborado Mutua Tinerfeña.

Cinco de los trece investigadores que han contribuido a esta iniciativa -que se inició en 2012 dentro del Plan Nacional de I+D- trabajan en la ULL, un dato que, según su coordinador, revela "la buena investigación que se hace en las universidades canarias". El volumen fue presentado el pasado jueves durante el seminario sobre la transposición de las nuevas directivas comunitarias sobre la contratación pública.

El trabajo funciona como una guía sobre una materia compleja, sometida a constantes cambios y en la que han dejado huella los años de dificultades económicas. Es también un área en la que "se mueve mucho dinero", afirma Hernández. La complicación de los procedimientos, el rigor de los controles para asegurar la eficiencia de los recursos y el alargamiento de los plazos desemboca muchas veces en interpretaciones discutibles o, directamente, en corrupción.