El Gobierno nipón tiene previsto aprobar hoy un paquete de estímulo de 28,1 billones de yenes (245.708 millones de euros/274.801 millones de dólares) destinado a dar un nuevo impulso a la economía y a paliar los efectos negativos del "brexit".

La batería de medidas, que se espera que el Ejecutiva apruebe esta tarde en una reunión, se centrará en la inversión en infraestructuras, con el foco puesto en mejorar los servicios para el sector turístico y en favorecer las exportaciones agrícolas, según adelantaron fuentes gubernamentales a la agencia de noticias Kyodo.

El paquete incluye inversiones por valor de 7,5 billones de yenes (65.609 millones de euros/73.307 millones de dólares) que asumirán el Ejecutivo central y los regionales, además de un presupuesto extraordinario de unos 4 billones de yenes (34.991 millones de euros/39.907 millones de dólares).

El montante restante se financiará con el programa estatal de préstamos e inversiones fiscales, que no se incluye en los presupuestos generales, con el objetivo de no incrementar en exceso el endeudamiento público de la tercera economía mundial.

Se espera que el presupuesto extraordinario que ayudará a financiarlo se compile y someta a aprobación en el hemiciclo a mediados de septiembre.

Entre las medidas que costearán las autoridades central y regionales, destacan los 1,7 billones de yenes (14.866 millones de euros/16.611 millones de dólares) que se destinarán a construir infraestructuras de transporte y servicios para los sectores agrícola y turístico.

Otros 2,5 billones de yenes (21.862 millones de euros/24.427 millones de dólares ) de las arcas públicas irán a parar y a aumentar las plazas de guardería y mejorar las condiciones de los profesionales que trabajan en el cuidado de niños y de mayores dependientes.

De este modo el Ejecutivo se pretende hacer frente al envejecimiento de la población y a la baja natalidad de Japón, dos de sus mayores retos en el ámbito social.

Asimismo, se destinarán partidas importantes en ayudas a las pymes que se puedan ver afectadas por la salida del Reino Unido de la UE, y en préstamos con bajos tipos de interés para el sector privado y dirigidos a fomentar las inversiones en infraestructuras.