La Comisión Europea (CE) ha amenazado hoy con llevar a España y a otros ocho países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no actúa para cumplir con las normas europeas sobre hipotecas.

Bruselas ha dado este paso porque estos países no han cumplido plenamente en el plazo estipulado con la directiva europea de créditos hipotecaros, que expiró en marzo, y tampoco han atendido al primer aviso que se les dio al respecto el pasado mes de mayo.

Por ello, la Comisión ha enviado hoy un dictamen motivado a los nueve socios, de modo que si no actúan en el plazo de dos meses, "se les puede llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE", tal y como recordó la institución en un comunicado.

La directiva sobre créditos hipotecarios, adoptada el 4 de febrero de 2014, busca "mejorar las medidas de protección de los consumidores en toda la UE mediante la introducción de prácticas crediticias responsables a escala europea", según la CE.

"Es esencial mejorar la normativa hipotecaria porque fomentará la confianza en el mercado hipotecario y aumentará las posibilidades de elección de los consumidores", aseguró la institución.

Las normas introducen la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que busca permitir a los prestatarios comprender mejor los riesgos inherentes a su contrato hipotecario; medidas para evaluar la solvencia de los solicitantes de una hipoteca; y principios para autorizar y registrar a los intermediarios de crédito.

Los países afectados, más allá de España, son Croacia, Chipre, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia y Suecia.

Además, la Comisión ha instado hoy a España, Irlanda, Portugal, Letonia y Rumanía a que adapten su legislación a los requisitos de transparencia en los mercados regulados que marcan las normas europeas.

De nuevo, Bruselas avisa de que si no reaccionan en el plazo de dos meses, podría llevarles ante los tribunales comunitarios, dado que estos cinco países no han reaccionado después de recibir un primer toque de atención de la Comisión en enero.

Todos los Estados miembros europeos hace un año que tenían que haber incorporado a sus legislaciones los citados requisitos, que forman parte de las normas para los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la UE.

"En concreto, estas normas garantizan que revelen determinada información clave sobre sus operaciones, lo que contribuye a generar en los inversores una confianza permanente y a completar la Unión de Mercados de Capitales", según la Comisión.