El Parlamento español hoy aprobó hoy por unanimidad crear una comisión que investigará el origen de la crisis financiera padecida por el país desde 2000, el desplome del sector inmobiliario y la gestión y control del rescate a las entidades financieras.

Todos los grupos del Congreso de los Diputados de España suscribieron esa iniciativa, de modo que la comisión echará a andar antes de que pasen dos meses y luego tendrá otros seis para presentar sus conclusiones.

La comisión de investigación también evaluará las medidas que se pueden adoptar para garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades de crédito que han recibido ayudas de Estado con el fin de obtener el máximo retorno al contribuyente y el uso eficiente de los recursos públicos.

Además, pretende detectar las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros, así como el cumplimiento de las garantías de transparencia para los usuarios y consumidores, lo que estaría vinculado a la nueva Ley Hipotecaria que prevé aprobar el Ejecutivo.

El efecto de la crisis económica de finales de la pasada década y el desequilibrio de los balances de las entidades financieras llevaron en junio de 2012 a que los países de la zona del euro pusieron a disposición de las autoridades de Madrid una línea de crédito de 100.000 millones de euros a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), de los que se han utilizado unos 41.333 millones.

Los fondos se han utilizado para recapitalizar en primer lugar las entidades nacionalizadas Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia y posteriormente otras con necesidades de capital como Liberbank, Caja3, BMN y España-Duero (CEISS).

En los últimos años se han producido varias polémicas en España en relación con la banca, desde la venta de complejos productos financieros a personas sin adecuada cultura bursátil a la explosión de la "burbuja" inmobiliaria, que lastró las cuentas de varias entidades que habían financiado el auge constructor.

El gubernamental PP y la oposición socialista ya anticipan que habrá discrepancias, porque los conservadores atribuyen a la más reciente etapa de gobierno del PSOE (2004-11) los principales problemas, a juicio del diputado Carlos Rojas, por el mal papel jugado por los organismos reguladores de esos años.

La semana pasada la Audiencia Nacional española acordó investigar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y su número dos, Javier Aríztegui, así como al que fuera máximo responsable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura.

Ello en el marco de las supuestas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad bancaria Bankia, resultado de la fusión en 2011 de siete cajas de ahorro.

El socialista Pedro Saura replicó que "ni fue verdad el milagro económico de España ni la bonanza de aquellos años", en alusión al gobierno del popular José María Aznar (1996-2004), al tiempo que subrayó que la sociedad española se merece una comisión de investigación "a fondo" para analizar la génesis de la burbuja inmobiliaria.

El impulsor de la comisión ha sido el diputado de la coalición de izquierdas Unidos Podemos Alberto Garzón, quien pretende que la comisión ponga "nombres y apellidos" a los responsables de la crisis financiera e identifique, dijo, a "quiénes nos han saqueado".

La Justicia española ha tenido abiertos en estos años varios sumarios que tienen como implicados a banqueros, entre ellos a los integrantes de la cúpula de Novacaixagalicia (NCG), entidad que recibió una inyección de dinero público por valor de 1.162 millones de euros ante el agujero financiero que padecía.

En octubre de 2015 la Justicia condenó a penas de prisión a varios directivos de esa entidad por el cobro millonario de prejubilaciones.

Pero el caso más relevante es el de Bankia, resultado de la fusión en 2011 de siete cajas de ahorro.

Bajo la presidencia de Rodrigo Rato, exdirector gerente del FMI, Bankia salió a bolsa en julio de ese año y en 2012 tuvo que recibir unos 22.000 millones de euros de fondos públicos para hacer frente al agujero financiero.

Rato, exministro de Economía, está procesado en el caso de la salida a bolsa de Bankia por los delitos de estafa y falsificación contable.