La Candidatura de Unidad Popular, que ejerce la acusación popular en la causa por los sobresueldos de Catalunya Caixa, pide penas de cuatro años de cárcel para los exdirectivos de la entidad Narcís Serra y Adolf Todó por adjudicarse "desorbitadas retribuciones", mientras esta era sostenida con fondos públicos.

En su escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, la CUP pide además tres años de cárcel para cerca de 40 miembros del consejo de administración de la entidad que en el año 2010, cuando la caja ya arrastraba deudas, aprobaron las remuneraciones extras para los exdirectivos.

Asimismo, la acusación popular reclama que los procesados indemnicen, conjunta y solidariamente, a Catalunya Caixa o a quien la haya sucedido con 7 millones de euros.

El escrito de la CUP señala que Narcís Serra, que presidió Catalunya Caixa entre 2004 y 2010, adoptó varios acuerdos para aumentarse la retribución "abusando del poder de decisión que ostentaba" e "infringiendo el deber de cuidado del patrimonio" de la entidad financiera.

Según el escrito de acusación, que hoy avanza el periódico "El Mundo", Serra utilizó en 2005 su "influencia política" para "compeler" al entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, de su mismo partido socialista, para que modificara el Texto Refundido de las Cajas de Ahorros y poder asignarse una retribución fija, así como seguir cobrando dietas por su asistencia a las asambleas y consejos de la entidad financiera.

La CUP añade en su escrito que, en 2009, en un contexto de "crisis galopante", Serra "indujo directa y voluntariamente a los miembros de la comisión de retribuciones de la entidad" a aprobar en su reunión de 2007 "una desorbitada retribución por el ejercicio de su cargo", que ascendió a 175.000 euros anuales, compatibles con el cobro de dietas.

De esa forma, el acusado entre 2007 y 2010 percibió 681.859 euros en retribuciones, a los que se sumaron otros 322.162 euros en dietas.

La decisión fue ratificada en 2010 en la reunión del Consejo de Administración de Catalunya Caixa de la que formaban parte los acusados Serra y Todó, quienes "utilizaron sus poderes de convicción, pese a ser perfectamente conocedores de que era "una decisión que infringía el deber de cuidado del patrimonio de la sociedad y causaba un importante perjuicio a la misma", añade la CUP en su escrito.

Asimismo, esos dos acusados, según la CUP, obligaron en marzo de 2008 a Catalunya Caixa a "asumir unos pactos contractuales" a favor de Todó "totalmente perjudiciales para los intereses" de la entidad, que garantizaban para este directivo una retribución fija anual de 600.000 euros y una variable del 35 % condicionada al cumplimiento de objetivos.

También obligaron a la entidad financiera, añade la acusación popular, a aprobar un plan de prejubilación que permitía a Todó retirarse a los 60 años con una percepción, hasta los 67 años, del 90 % de su retribución fija anual, que era de 812.000 euros.

En el caso de jubilación a los 67 años, según dichos planes, los acusados acordaron una pensión vitalicia consistente en el 80 % de la retribución fija, sostiene la CUP.