Los múltiples rumores sobre el futuro del Banco Popular y las quinielas sobre las entidades mejor posicionadas para adquirirlo, impiden que la entidad recupere la confianza del mercado y ponga fin a los continuos vaivenes bursátiles.
Además, Banco Popular continúa sin responder a las dos grandes preguntas que se hace el mercado: cuánto capital necesita para limpiar su balance y cuánto vale realmente su negocio principal.
Pese a que el nuevo consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, ya advirtió el pasado 5 de mayo de que el proceso llevará "algunas semanas", pues requiere volver a poner precio a sus más de 40.000 activos inmobiliarios, el mercado no da una tregua y continúa sometiendo al banco a una montaña rusa bursátil.
La entidad ha vuelto a tener una semana "horribilis" en Bolsa en términos de volatilidad, con subidas y bajadas a golpe de rumores, aunque esta vez se ha saldado con un repunte semanal del 0,267 %, hasta 0,75 euros por acción y una capitalización de 3.156 millones.
La situación que atraviesa la entidad por las dudas sobre su futuro, teniendo en cuenta sus niveles de solvencia y liquidez y el enorme lastre inmobiliario, le obligan a tomar una rápida decisión que despeje las incógnitas.
Mientras tanto se suceden un sinfín de especulaciones.
Desde una inminente ampliación de capital, que el consejero delegado aseguró en la presentación de resultados que no estaba sobre la mesa, y ahora parece barajarse como una opción después del verano, si antes no se produce una fusión.
Entre los candidatos a comprar se encuentran el Banco Santander y BBVA, pero incluso Bankia, que tendría que pedir un permiso especial a Bruselas por haber recibido ayudas públicas.
Los continuos rumores sobre el banco, los cambios en la cúpula y la corrección de las cuentas de 2016 que había hecho el equipo anterior, han terminado de minar la confianza de los inversores.
A pesar de que el banco había insistido en que no ha habido ninguna "fuga de depósitos", sino sólo algunas salidas como las de inversores institucionales que no han renovado su inversión tras la última bajada de calificación hecha por las agencias de rating.
Esta misma semana una información en un medio digital apuntaba a que el presidente de Popular, Emilio Saracho, había encargado la venta "urgente" del banco por una supuesta "necesidad" de fondos ante una "fuga masiva de depósitos", lo que obligó al grupo a desmentir esas informaciones en un comunicado remitido a la CNMV.
Según recordó la entidad, al cierre del primer trimestre el patrimonio neto sumaba 10.777 millones y su solvencia se situaba en el 11,91 %, por encima de las exigencias regulatorias, algo en lo que también ha insistido esta misma semana el Gobierno.
Además, el banco aseguraba que mantiene los procesos de desinversión de activos no estratégicos, así como la posibilidad de, dentro de sus planes de futuro, llevar a cabo una ampliación de capital o una operación corporativa.
A tal efecto, reconocía, el banco cuenta con diversos asesores especializados, entre los que algunos citan a JP Morgan y Lazard, en el caso de que se llevara a cabo una fusión.
Antes de eso, a principios de mayo, el nuevo consejero delegado pidió públicamente tiempo para diseñar una estrategia y advirtió de que la entidad no daría más pistas hasta el verano, una vez reevaluados sus activos. El mercado, sin embargo, no parece dispuesto a dárselo.
En el sector financiero son muchos los que no se explican que una entidad con la larga trayectoria del Popular y el "buen hacer" en el negocio minorista, especialmente en pymes, haya acabado en la situación actual, que califican de "inmerecida", por muy mala que haya sido su gestión de los últimos años.
Y es que, su tardía entrada en el negocio inmobiliario, poco antes de que estallara la burbuja, la crisis financiera, los bajos tipos de interés, las exigencias de capital y decisiones como la compra del Pastor, muy cargado a su vez de "ladrillo", han empujado al banco al abismo.