El bufete de abogados Cremades ha presentado hoy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un tercer recurso, tras los presentados el 7 de agosto y el 21 de septiembre, contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de liquidar, el pasado 7 de junio, el Banco Popular.
Los afectados pretenden que se declare nula la liquidación del banco ordenada por la JUR en junio de este año, que supuso la amortización a cero del valor de las acciones y su venta al Santander por un euro, y que se reintegre a los accionistas la totalidad del valor de su inversión, además de una indemnización.
El recurso sostiene que tanto la JUR como la Comisión Europea infringieron la ley porque la falta de liquidez del banco fue consecuencia de "las declaraciones y filtraciones de las instituciones comunitarias", lo que provocó un pánico generalizado que a su vez causó el desplome del valor de las acciones y la retirada masiva de depósitos.
Frente a esto, ni la JUR ni la Comisión trataron de mitigar el daño, violando así el principio de buena administración incluido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Las autoridades europeas resolvieron el Banco Popular pese a que sí existían "perspectivas razonables de que otras medidas" pudieran asegurar su viabilidad, señala el recurso, que destaca además que los afectados no fueron escuchados.
Además destaca que Deloitte, la afirma auditora que elaboró un informe cuyo contenido exacto hasta ahora no se conoce y que dio pie a la intervención, a día de hoy "no puede evaluarse si reúne los requisitos de independencia".
La decisión de la JUR, prosigue el documento, no está motivada, especialmente en relación con la viabilidad del banco.