> La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha calificado 2017 como un año "dramático" para cientos de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas españolas en España por la sequía y por la inacción política, según ha informado la organización agraria en un comunicado.
En concreto, UPA señala que la principal causa, aunque no la única, ha sido la sequía, la más grave desde 1995 y una de las peores desde que hay registros. Así, lamenta la "ausencia de planes y medidas políticas" para hacer frente a esta situación que ha contribuido a agravar sus efectos y, sobre todo, a llenar de miedo e incertidumbre a los agricultores, que ven como este problema irá a peor en un futuro inmediato.
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han valorado que las pérdidas por la sequía en el sector ascenderían a más de 3.600 millones de euros en todo el año.
UPA cree que, sobre todo en materia de sequía y de cadena agroalimentaria, el Gobierno ha optado por "seguir en funciones", incurriendo en una "dejación de funciones y una inacción escandalosas".
La organización ha requerido al Ejecutivo y al departamento que dirige Isabel García Tejerina a que "haga su trabajo y empiece a resolver estos problemas que atañen a todos como sociedad".
Sobre las cifras ofrecidas por el Gobierno, que aseguran que la renta agraria subió un 5% este ejercicio, UPA pone en entredicho los datos por no dar una visión real de lo que está pasando en el campo. "Desde luego el 90% de las explotaciones españolas, que son de carácter familiar, no son partícipes de ese crecimiento de renta, más bien todo lo contrario", han criticado desde la organización agraria.
Respecto a la Política Agraria Común (PAC), UPA ha asegurado que los cambios recientemente aprobados con el Reglamento Ómnibus "no suenan mal", aunque confiesan que "hay incertidumbre" hasta conocer los efectos que se irán notando el año próximo.
En 2017, las relaciones comerciales con terceros países han seguido marcando la vida y las expectativas de miles de agricultores y ganaderos en España. El veto de Rusia, que sigue sin resolverse, ha seguido dejando sus efectos en sectores como el porcino y las frutas y hortalizas, mientras que los agricultores han criticado que en acuerdos como el CETA, el TTIP o el de Mercosur se siga "jugando con los alimentos que producimos como moneda de cambio".