El despacho Jausas ha presentado una demanda contra Santander por enriquecimiento ilícito en la adquisición de Popular, que llevó a cabo tras su resolución el pasado mes de junio.

La demanda, la primera que se presenta contra la entidad presidida por Ana Botín por este motivo, se interpone en representación de una persona que invirtió 50.000 euros en bonos de Popular en 2011, que fueron finalmente amortizados a cero.

En el texto se alega que el precio pagado por Santander fue "desproporcionadamente bajo" porque el banco adquirido "era y es un banco solvente, que, si se vio afectado por un proceso de resolución, fue por un problema de liquidez, no de solvencia".

La demandante defiende que el valor del banco se encuentra en el entorno de 4.500 millones de euros, en base al consenso de los analistas antes de la resolución, a la valoración que se infiere de la presentación del propio banco tras la adquisición (4.265 millones de euros) y al incremento de valor de la acción de Santander tras la adquisición (4.634 millones de euros), según apunta el despacho.

La defensa reclama que Santander indemnice a la demandante con el valor de los bonos a fecha 23 de mayo de 2017, previamente al "descalabro" de la cotización de Popular, o, subsidiariamente, el 6 de junio de 2017 (el día antes de la resolución).

Como explica el despacho, para que exista enriquecimiento injusto es necesario que concurran el enriquecimiento de una persona (en este caso sería Santander), el empobrecimiento de otra (los tenedores de bonos y acciones) y la inexistencia de causa jurídica que justifique la atribución patrimonial.

Jausas defiende a un colectivo de más de 315 afectados con pérdidas superiores a los 110 millones de euros, entre los que se encuentra inversores institucionales, compañías de seguros, pymes y familias.