La ausencia en la UE de un "prestamista de ultimo recurso" al que puedan acudir las entidades financieras en caso de necesidad y cuando los gobiernos rehúsan inyectar capital es uno de los flecos pendientes de la unión bancaria, como ha puesto de manifiesto la resolución del Banco Popular.

La del Banco Popular ha sido la primera resolución (intervención y liquidación) de una entidad financiera evitando poner dinero público, después de que el Banco Central Europeo (BCE) concluyera que tenía un problema de liquidez.

A mediados de mayo del año pasado se dispararon los rumores sobre el interés que suscitaba el Popular en tres de los grandes bancos españoles, Santander, BBVA y Bankia, después de que la propia entidad se diera de plazo hasta el 10 de junio para cerrar la fusión con alguna de ellas, con objeto de evitar la intervención y una inyección de capital público.

Pero el BCE declaró inviable el banco, presidido en ese momento por Emilio Saracho, y encomendó a la Junta Única de Resolución -el mecanismo europeo encargado de intervenir tras la unión bancaria- que lo subastara al mejor postor y sin que costara un euro al erario público.

La subasta fue para el Santander, que finalmente se quedó con el banco al precio de un euro, en lo que supone la primera operación de "bail in" que se acometía en Europa, es decir, liquidar una entidad sin coste para el contribuyente: sólo pagan accionistas y bonistas.

El Popular contaba en vísperas de su resolución con más de 60.347 millones de euros en depósitos, pero la salida de efectivo fue de tal magnitud que, tras apelar al Banco de España lo intentó con el BCE, sin éxito.

Y ese papel del organismo europeo como prestamista de último recurso es uno de los flecos pendientes de la unión bancaria.

Cuando compareció en el Congreso de los Diputados la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, los parlamentarios le reprocharon la opacidad en el proceso de resolución del Popular y el diferente criterio aplicado a la entidad española frente a los bancos italianos Veneto Banca y Banca Popolare di Vicenza.

Varios diputados achacaron a la presidenta de la JUR que Europa hubiera "mirado hacia otro lado", dejado desamparados a más de 300.000 pequeños inversores.

Y es que apenas un mes después de la resolución del Popular, el Gobierno italiano aprobó la liquidación ordenada de las dos entidades, después de que el BCE declarara a los bancos inviables o en camino de serlo; para ello, el Ejecutivo movilizó 17.000 millones de euros.

Antes de eso, a comienzos de 2017, Monte dei Paschi, la entidad financiera más antigua del mundo, no logró captar en el mercado los 5.000 millones de euros de capital que necesitaba y pidió ayuda al Gobierno.

El plan de reestructuración, aprobado por Bruselas, permitió que el Estado destinase 5.400 millones de euros en ayudas públicas para recapitalizar el banco y para garantizar su continuidad.

Tras la desaparición del Popular muchas voces se han levantado para exigir que se ponga ya en marcha ese mecanismo de préstamo de último recurso, una vez comprobado que el actual sistema no es suficiente.

En la cumbre europea celebrada a finales de marzo, el presidente del Consejo, Donald Tusk, señaló que las prioridades más "urgentes" siguen siendo reforzar y dar más capacidades al Mecanismo Europeo de Estabilidad (el fondo de rescate de la eurozona), así como completar la unión bancaria, dónde queda por aprobar el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.

Un artículo del último Boletín Económico del Banco de España destaca "la necesidad de crear un respaldo común (o prestamista de última instancia) para el Fondo Único de Resolución, por si los recursos de este no resultaran suficientes para afrontar posibles crisis bancarias".

En este sentido, señala que "existe un cierto consenso político" sobre la propuesta de diciembre de 2017 de la Comisión Europea (CE) que plantea que sea el Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) el que asuma esas funciones, "si bien están en discusión todavía posibles modalidades y aspectos técnicos de relevancia".