El juicio por la salida a bolsa de Bankia comenzará el próximo 26 de noviembre, y está previsto que se prolongue hasta junio de 2019, según un auto de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La instrucción se inició en 2012, y tras seis años de pesquisas se sentarán en el banquillo una treintena de exconsejeros y antiguos directivos del grupo, entre ellos su primer presidente, Rodrigo Rato, para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión por presunta estafa en la salida a bolsa.
La extinta UPyD presentó en junio de 2012 la primera querella por estafa, apropiación indebida y falsedad contable contra 35 directivos y consejeros, incluidos Rato, su número dos, Francisco Verdú, el expresidente de Bancaja José Luis Olivas, y el exministro Ángel Acebes, a los que acusó de ocultar la situación patrimonial para "recabar varios miles de millones de euros".
El auto publicado hoy prevé la celebración de 79 sesiones, y la sala será la misma que juzgó el uso fraudulento de tarjetas "black" de Caja Madrid, con la jueza Ángela Murillo como presidenta. Las jornadas se celebrarán en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Rato cinco años de prisión por presunta estafa a inversores, aunque le exime del supuesto delito de falsedad contable que le atribuyen las acusaciones particulares y populares.
Para el exvicepresidente José Luis Olivas pide cuatro años, para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella tres años, y para el ex consejero delegado Francisco Verdú dos años y siete meses, mientras que exonera a los otros 28 procesados por el juez Fernando Andreu.
Según el Ministerio Público, durante la operación, realizada en julio de 2011, "se ocultó" a los inversores que el negocio ordinario bancario y parabancario de Bankia, heredado de las cajas, no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas.
Las acusaciones -la CIC, el movimiento 15MpaRato o la asociación de consumidores Adicae- mantienen la acusación inicial sobre los consejeros y directivos imputados por el juez Fernando Andreu, a los que añaden al socio auditor de Deloitte Francisco Celma, y también a BFA Bankia.
Además de solicitar penas de hasta doce años y medio de cárcel y multas de más de un millón de euros -para BFA y Bankia- les atribuyen delitos de falseamiento continuado de cuentas, estafa a inversores y administración desleal.