Economía

La acusación definitiva de Hacienda, pieza clave para acelerar el caso Rato

Madrid, EFECOM
5/sep/18 10:37 AM
eldia.es

Las pesquisas sobre el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato marcan este nuevo curso judicial, en el que se espera una acusación definitiva de Hacienda que acote el alcance de los delitos que se le atribuyen y simplifique una causa que amenaza con estancarse.

Más de cuarenta meses después, la ONIF, Oficina Antifraude dependiente del fisco, continúa sin remitir su último informe, el decimocuarto, a la justicia madrileña, que el pasado abril le requirió "con la máxima urgencia" que concretara las cuotas supuestamente defraudadas.

El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, consideraba "pertinente" una nueva liquidación de los presuntos delitos fiscales, que la ONIF estimó en un primer momento en 6,8 millones, a fin de acabar con tres años de investigación.

Una vez concluido este trabajo, la defensa de Rato solicitará previsiblemente un contraperitaje para tratar de desmontarlo.

Una estrategia que ya empleó en abril de 2016, cuando alegó haber desembolsado casi 6,23 millones de euros entre 2009 a 2014 en concepto de IRPF, y aseguró que el fisco conocía el origen de los 7 millones de euros que movieron sus empresas.

Como en aquella ocasión, se espera que el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) confíe la prueba al inspector de Hacienda en excedencia Carlos Neira.

Fuentes jurídicas consultadas muestran su preocupación por la creciente complejidad de un caso con múltiples piezas separadas pero con nexos entre sí.

Desatendiendo a la Fiscalía Anticorrupción, el juez dio prueba de ello el pasado junio al no sentar "de momento" en el banquillo a Rato por los 835.000 euros en supuestas comisiones que habría recibido de las empresas adjudicatarias de la publicidad de Bankia, dados los vínculos que unen estos hechos con los delitos de fraude fiscal y blanqueo objetos de otras diligencias.

Esta última, que parte de un informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó a Westcastle y Red Rose como sociedades canalizadoras de fondos de las dos principales mercantiles del exbanquero, Vivaway y Kradonara, desde 2006, es la pieza más activa de cuantas existen.

Sospechas que negaba este mismo verano Rato al magistrado, al que un día después de su declaración reiteraba la falta de indicios de blanqueo y reprochaba el "uso diabólico" que la fiscal Elena Lorente daba a su capacidad de proponer pruebas.

En el escrito, solicitaba que se desatendieran los requerimientos de información sobre la empresa familiar Aurosur, de la que el exministro "es accionista minoritario y nunca administrador".

Versión que contrasta con la del Ministerio Público, que duda de tres transferencias realizadas en 1999, 2000 y 2001 a la sociedad, dedicada al alquiler inmobiliario.

Aurosur ya aparecía en la denuncia de la Fiscalía de Madrid, que advirtió de que Rato había donado a sus tres hijos en 2013 sus participaciones en esa y otras cuatro mercantiles por 2,6 millones, que después recompró mediante ampliaciones de capital usando Kradonara.

Blanqueo aparte, el expresidente de Bankia se enfrenta también a las presuntas irregularidades en el cobro de trabajos profesionales a través de sociedades, algo que -asegura- es habitual y que podría acarrear, al máximo, un expediente administrativo, pero no acciones penales.

Aunque la de las comisiones es, sin duda, el gran desafío de Rato, al que Anticorrupción propuso enjuiciar de forma inmediata por su trato de favor a Zenith y Publicis, agencias que habrían ganado el concurso de publicidad de Bankia previo pago de dos millones de euros al empresario Alberto Portuondo, a quien habían contratado para identificar nuevos negocios.

Considerado como uno de los testaferros del exministro, en una entrevista reciente Portuondo, que aseguró que la relación entre ambos fue "pequeñísima", admitió que aunque había sido una práctica "poco ética que jamás volvería a hacer", no sólo no se causó un "perjuicio" a Bankia, sino que la entidad se procuró un "ahorro importante".

A expensas de Hacienda, este curso supondrá un punto de inflexión para Rato, pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la condena de cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas "black" y del juicio por la salida a bolsa de Bankia, que comenzará en noviembre y en el que la Fiscalía solicita para él cinco años de prisión por estafa a los inversores.