La recién anunciada suspensión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica para paliar los efectos del encarecimiento de la luz supondrá una merma en la recaudación fiscal de unos 1.500 millones de euros al año, según los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Según sus datos, facilitados hoy a Efe, al final de este año se habrán recaudado más de 8.500 millones de euros a través de este impuesto, desde los 1.260 millones que se ingresaron en 2013, el primer año de su aplicación, hasta los 1.533 millones que están presupuestados para 2018.

En este periodo, el año en que menos se recaudó fue en 2016, con unos ingresos de 1.240 millones de euros, y el que más fue, 2015, con 1.593 millones, siempre según los cálculos de Gestha a partir de la ejecución presupuestaria y de las leyes de presupuestos.

El impuesto se creó a través de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que estableció tres nuevos impuestos, entre ellos el que grava a nivel estatal el valor de la producción de la energía eléctrica y su incorporación en el sistema eléctrico español.

Se paga el 7 % del importe que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, según Gestha, que recuerda que los productores necesitan importantes inversiones en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica e incurrir en costes muy relevantes para el mantenimiento de la garantía de suministro.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció el miércoles que el Gobierno suspenderá este impuesto, para dejarlo a un tipo "prácticamente cero", y complementará el bono social eléctrico con la creación de uno nuevo para calefacción, con la finalidad de paliar los efectos de la subida de la electricidad en los consumidores.

Según sus cálculos, la supresión del impuesto supondrá una rebaja de entre el 2,5 % y el 4 % en la factura de un consumidor particular, y de entre el 5 % y el 5,5 % en la del gran consumidor industrial.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho hoy en declaraciones a RNE que la reducción anual de la recaudación fiscal derivada de esta supresión rondará los 1.000 millones de euros, 500 menos de lo calculado por Gestha.