Economía

El impuesto de actos jurídicos documentados, un culebrón que todavía deja dudas entre los consumidores

3/dic/18 19:05 PM
eldia.es

El pasado 8 de noviembre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la aprobación de un decreto ley a través del cual se modificará la norma que regula el impuesto de actos jurídicos documentados, para que "nunca más" tengan que pagarlo los consumidores y que este gasto corra a cuenta de los bancos.

La decisión del gobierno llegaba tras el fallo del Tribunal Supremo que iba justo en la dirección contraria, afirmando que son los firmantes de las hipotecas quienes deben hacerse cargo del pago de este impuesto.

Los meses de octubre y noviembre han supuesto un verdadero culebrón para la justicia española en cuestiones inmobiliarias, pues una sentencia de mediados de octubre determinaba que, a diferencia de lo que se regulaba en la ley, eran las entidades bancarias que concedían el crédito hipotecario quienes tenían que pagar este impuesto.

Un día después de publicarse esta sentencia, el poder judicial anunciaba un periodo de reflexión para estudiar con detenimiento todo este asunto, dejando en vilo la sentencia dictada.

Una actuación que ponía en el disparadero al poder judicial, pues para muchos todo esto no era más que un acto de pleitesía frente al poder financiero y económico que representan los bancos. Esto, sumado a otras acciones cuanto menos discutibles del poder judicial, situan la imagen de la justicia en España en un nivel muy pobre para muchos ciudadanos.

Finalmente, ya en el mes de noviembre, el día 7, el pleno del Tribunal Supremo acordó posicionarse en contra de la sentencia en la que se obligaba a los bancos a hacerse cargo del pago de este impuesto. La decisión fue muy ajustada, pues la resolución fue aprobada por 15 votos, que optaron por volver a la jurisprudencia tradicional, frente a los 13 magistrados que decidieron no anular la novedosa jurisprudencia.

La decisión volvió a despertar los recelos de buena parte de la población y los medios de comunicación, incluido buena parte del poder político. El gobierno, al día siguiente se vio "obligado" a aprobar este real decreto que ya comentamos.

Para muchos, la decisión fue un poco suave, porque si bien a partir de ahora los ciudadanos no se harán cargo de este impuesto, el real decreto no incluía el carácter retroactivo, de modo que quienes ya han pagado este impuesto no tendrán derecho a su devolución.

Para otras fuerzas políticas, la opción más acertada pasaba por suprimir este impuesto, de modo que así se aseguraban las familias que los bancos no vayan a terminar cargando el cobro de estas cantidades en forma de comisiones extra o con precios más caros de las hipotecas.

Muchos analistas son de la opinión que la decisión "suave" del gobierno al no optar por la retroactividad y la devolución del impuesto a los ciudadanos se debe a que, finalmente, quienes cobran este impuesto, son las administraciones. Eran ellas, por tanto, quienes debían devolver el dinero a los ciudadanos, y algunas proyecciones hablaban de miles de millones de euros en todo el país.

¿Cómo deben actuar los consumidores cuando adquieran una hipoteca?

Todo este culebrón, esta sucesión de noticias, todavía está por resolver, pues todavía no queda claro si los bancos terminarán repercutiendo en los ciudadanos el pago de este impuesto.

En el impasse de tiempo que osciló entre la polémica sentencia a mediados de octubre y la no menos polémica decisión del pleno del Tribunal Supremo y el real decreto del gobierno, en España se siguieron firmando hipotecas.

Muchos especialistas y asociaciones de consumidores de usuarios recomendaban dejar pasar unas semanas hasta que todo se aclarara mientras que otros mensajes alertaban de que esto no era necesario, y que en caso de tener que reclamar posteriormente, se podría hacer sin ningún tipo de problema.

La realidad es que el derecho inmobiliario está siempre sujeto a decisiones un tanto polémicas, porque afecta a la propiedad inmobiliaria, un concepto al que los ciudadanos dedican una buena parte de sus ahorros e inversión.

En este sentido, Bufete Frau abogados en mallorca ayuda con su equipo de profesionales. Son una nueva generación de abogados especializados en la asesoria jurídica en inversiones inmobiliarias extranjeras en España. No está de más recordar que Baleares, por su potencial turístico, es foco constante de este tipo de inversiones. El Bufete Frau cuenta con una sólida experiencia en Derecho Inmobiliario.

Los inversionistas extranjeros pueden estar tranquilos en temas de derecho inmobiliario en Mallorca con Bufete Frau. Entre sus servicios, ofrecen asesoramiento jurídico, judicial y extrajudicial tanto a particulares como a empresas. Bufete Frau cuenta con una sólida experiencia en el área de Derecho Inmobiliario, de la Construcción y Urbanismo.

El caso del impuesto de actos jurídicos documentados no ha llegado a su fin, porque si bien ya ha quedado claro quién debe hacerse cargo de pagarlo, los propietarios que firmen hipotecas ven con preocupación que esta decisión se traduzca en un encarecimiento para poder acceder a la vivienda.