Los ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea (UE) fueron incapaces de alcanzar hoy la unanimidad necesaria para aprobar un impuesto a las empresas digitales que debaten desde hace meses y al que se oponen países como Irlanda y Suecia.

En un primer momento, la Comisión Europea (CE) había planteado un impuesto del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las compañías de Internet que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, y se aplicaría de forma temporal.

El objetivo era paliar la disparidad que existe entre lo que pagan en concepto de impuesto de sociedades estas plataformas digitales (9,5 %) y las empresas tradicionales (23,2 %), mientras se busca una solución global definitiva para gravar estos nuevos modelos económicos en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, ante las dificultades para alcanzar un consenso, Francia y Alemania plantearon en la noche del lunes al martes reducir el alcance de la propuesta inicial para que solo grave la facturación por servicios publicitarios, al tiempo que amplía hasta marzo el plazo en que esperan que lo apruebe la UE.

Así, se dejan fuera los servicios de intermediación entre usuarios y la venta de datos de usuarios.

En cuanto a la adopción del gravamen, París y Berlín instan a adoptar la directiva "sin retraso y en cualquier caso antes de marzo de 2019 como muy tarde", pero apuntan que esta solo entraría en vigor el 1 de enero de 2021 si para entonces no se ha acordado una solución global en la OCDE.

Irlanda, Suecia y Finlandia siguieron hoy manteniendo su negativa al impuesto digital, mientras que Estonia rechazó la idea francoalemana.

La ministra española de Economía, Nadia Calviño, afirmó durante el debate público que la propuesta de Berlín y París no tiene la "ambición" prevista.

"En cualquier caso, es positivo que estemos debatiendo una armonización mínima y que, por tanto, los países pueden ser más ambiciosos con sus impuestos nacionales, pero tendremos que analizar con cuidado si esta propuesta cumple de forma suficiente los objetivos de garantizar un sistema fiscal justo y eficiente para la economía digital", declaró la titular de Economía.

España es uno de los Estados miembros que planea introducir su propia tasa digital.