Los grupos del Congreso han acordado reducir las comisiones por amortización anticipada de una hipoteca en la nueva ley hipotecaria, pero aún no han definido el alcance de la retroactividad, con el fin de evitar que la entrada en vigor de esta norma active procedimientos judiciales de ejecución que se encuentren paralizados.

En todo caso, los grupos han dado por concluida la ponencia de esta norma y votarán las enmiendas que queden ''vivas'' primero en la comisión convocada para el próximo 11 de diciembre y, después, en el último Pleno del año, previsiblemente el 20 de diciembre.

De esta forma, el Congreso enviaría al Senado la ley antes de acabar el año, iniciándose la tramitación del proyecto en la Cámara Alta en febrero. A instancias del Gobierno, el paso de esta norma por el Senado será por el procedimiento de urgencia, que acorta los plazos a la mitad.

REDUCE A LA MITAD EL COSTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA A TIPO FIJO

Durante la sesión de este martes, los grupos han decidido limitar las comisiones que debe afrontar el consumidor por devolver de forma prematura un préstamo hipotecario. El proyecto llevado al Congreso por el entonces ministro Luis de Guindos distinguía estas comisiones en función de si eran de tipo fijo y variable sobre el capital reembolsado anticipadamente.

Para aquellos de tipo variable se contemplaba eliminarlos a partir del quinto o tercer año, según acuerden ambas partes, con un coste máximo del 0,25% o del 0,50%, respectivamente. En la nueva ley se establecen estos límites en el 0,15% y en el 0,25%.

En caso de hipotecas a tipo fijo, la comisión por amortización anticipada se diferenciaba entre el 4%, si la comisión se producía en los primeros diez años y a partir del 3% desde entonces. La nueva ley reduce este coste a la mitad, al limitarlo al 2% en los primeros diez años y al 1,5% desde entonces.

Otra de las modificaciones incorporadas en la novación de créditos es el coste de pasar de una hipoteca a tipo variable y a tipo fijo, que pasa a ser del 0,15%. En el proyecto de ley estaba fijado en el 0,25%.

SUBROGACIÓN EN BASE A INTERESES COBRADOS

Otro de los cambios introducidos este martes es el referido a la subrogación de hipotecas, ya que se ha apostado por realizar un reparto de los costes que conlleva la formalización de una hipoteca entre los bancos. Estas nuevas condiciones de subrogación de hipotecas --inicialmente no estaba contemplado-- se establecen tras los cambios en el impuesto de actos jurídicos documentados y el reparto de gastos contemplado en la ley.

Y es que los grupos temían un endurecimiento de las condiciones del crédito por parte de los bancos para prevenir que, ante el aumento de los gastos de constitución, compensara más llevar a cabo subrogaciones que formalizar hipotecas.

Este reparto, según han informado los grupos, incluirá todos los gastos contemplados en la nueva ley que debe asumir el banco y se realizará proporcionalmente en función de los intereses cobrados y pendientes de cobro, ya que la distribución de estos no es regular a lo largo de la vida del crédito.

CÓMO EVITAR LA ACTIVACIÓN DE EJECUCIONES SUSPENDIDAS

La principal tarea pendiente de los grupos será resolver antes de remitir al Senado la norma en dos semanas el alcance de la retroactividad en la nueva norma, ante la posibilidad de que las nuevas condiciones en el vencimiento anticipado pudieran afectar a ejecuciones hipotecarias actualmente suspendidas en los juzgados, a la espera de resolverse la cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Todos estamos de acuerdo en que no deben desbloquearse todos los procesos que ahora mismo están pendientes de la sentencia del TJUE", ha garantizado el portavoz socialista de Economía, Gonzalo Palacín, que a la salida de la ponencia ha asegurado que "el acuerdo está prácticamente cerrado" y que se trata de "una cuestión de estilo". Así, el PSOE ha presentado una propuesta para garantizar, tanto en la exposición de motivos como en una disposición transitoria, que el alcance retroactivo de la norma no permite desbloquear estos procedimientos.

"Los grupos están trabajando en una propuesta para tratar de cumplir lo que dijo la ministra Nadia Calviño de que no se aplique a los procedimientos de ejecución hipotecaria que están en curso y no hay una redacción definitiva", ha apostillado, por su parte, el diputado de Podemos Rafa Mayoral, que ha avanzado su grupo no participará en este acuerdo porque su postura, defendida en estos debates y no aceptada, es que "se debería garantizar devolver el dinero a la gente".

"No es el texto que hubiéramos deseado, evidentemente. Pero es un texto mucho mejor al que entró en esta ponencia", ha argumentado, por su parte Palacín, que ha defendido que esto "es en parte gracias a la gestión que ha hecho el PSOE, apoyándose en el Gobierno". ¿LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR?

Lo que no contempla la norma, ha insistido Mayoral, es en limitar la responsabilidad patrimonial del consumidor al importe del bien hipotecado, tal y como ha defendido su grupo, que había llevado varias fórmulas "de protección" al deudor como la dación en pago, y que han sido rechazadas durante la fase de ponencia.

Y es que, pese a esta negativa del Congreso, la comisión que ha investigado la crisis financiera ha incluido entre sus propuestas la necesidad de garantizar la limitación de responsabilidad patrimonial al importe del bien hipotecado "de manera general y obligatoria".

"Aunque cuando hacen una reflexión en torno a la crisis crean que hay que tomar medidas para limitar la responsabilidad al bien hipotecado, cuando toca, no están dispuestos", ha lamentado el diputado de Podemos, cargando contra un "doble discurso" del resto de formaciones.