Las asociaciones de taxistas metropolitanas han amenazado hoy con bloquear los accesos por carretera al próximo Congreso Mundial de Móviles (MWC) si la Generalitat no obliga a precontratar, con una antelación mínima de 12 horas, los servicios de vehículo de alquiler con conductor (VTC).

"El MWC es uno de los objetivos, lógicamente. Si la Generalitat se posiciona del lado de dos multinacionales -en referencia a Uber y Cabify- y deja a los taxistas catalanes, los de casa, en la ruina, el MWC será bloqueado totalmente", ha señalado el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, en declaraciones a los medios.

Álvarez y otros representantes del sector del taxi se reunirán hoy con responsables de la Generalitat en la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad para abordar esta situación.

Por parte del Gobierno catalán aún no está confirmado si acudirá al encuentro el conseller del ramo, Damià Calvet, y por parte de los taxistas estarán Élite Taxi, el Sindicato del Taxi de Cataluña (Stac), la Asociación Empresarial del Taxi y la Federación Catalana del Taxi.

Álvarez ha detallado que en la reunión volverán a plantear sus dos exigencias a incluir en la futura normativa catalana de las licencias VTC: que sea obligatorio precontratar estos servicios con una antelación mínima de 12 horas y que, además, una vez prestado el servicio, los coches de Uber, Cabify y otras plataformas similares deban volver a la base.

"Si no se establece la precontratación y estos vehículos se quedan circulando por la calle, entonces están haciendo de taxis. Y quien quiera hacer de taxi que obtenga una licencia", ha agregado.

En este sentido, ha alertado de que si no se obtiene una respuesta favorable por parte de la Generalitat en breve, esta misma semana se convocará una asamblea en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat para anunciar movilizaciones.

"El marco jurídico está claro, lo único que falta es voluntad política. De momento, la predisposición de la Generalitat es muy buena. Vamos a ver si sigue así y hasta dónde llega", ha subrayado.

El pasado otoño, el Gobierno aprobó un real decreto que facultaba a las comunidades autónomas para que regulen la actividad de VTC en sus respectivos territorios, con una posible implantación de segundas licencias para respetar el ratio 1/30 (una licencia de VTC por cada 30 taxis).