El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha cargado hoy contra el Gobierno de Mariano Rajoy por confabularse con sus "competidores" para apartarle de su cargo, especialmente con Francisco González, entonces al frente del BBVA, quien ha asegurado que fue la primera persona que exigió su marcha de la entidad en mayo de 2012.

También ha reprochado la postura de Deloitte, que después de más de un mes de retraso nunca llegó a emitir su informe sobre los estados financieros de 2011, incumpliendo "su obligación legal", a pesar de que desde la entidad se confiaba en contar con su opinión favorable.

Con un discurso crítico, Rato ha relatado que una vez cumplidas las exigencias del Banco de España en abril de 2012, días más tarde, el Gobierno, "en una reunión en la que estaban presente tres competidores (BBVA, Santander y CaixaBank", le pide que eleve los saneamientos desde 7.000 hasta cerca de 15.000 millones de euros.

Un cálculo, ha proseguido, que carecía de "base legal alguna" y de la cobertura de las normas contables del organismo regulador, a cuyo entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez el Ejecutivo "pidió silencio".

"Era una petición política del que controla al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de quien era nuestro jefe", ha dicho Rato, que ha asegurado desconocer "qué se les pedía a otras entidades", pero que en su caso se organizaban "cenas en las que traen a otros para que digan las cifras".

En su opinión, esta muestra del "nerviosismo y pánico" de las autoridades derivó en la elaboración de una "situación macroeconómica caótica" a petición del ministro.

Muy contundente se ha mostrado en sus alusiones al exministro de Economía Luis De Guindos, quien "apoyándose" en sus competidores, le comunicó que la entidad "tenía que hacer las revisiones que marcaban las reglas".

Finalmente, el 5 de mayo de 2012, en el último encuentro que mantuvieron "en las oficinas del Ministerio de Economía", el actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) pediría su dimisión justo después de que lo hiciera González, cuya testifical solicitaron las partes.

Respecto a los nuevos requisitos del segundo decreto "que jamás fue aplicado", sí habría estado al tanto el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, ha incidido Rato, al que ha dirigido numerosos reproches por no emitir sus valoraciones sobre las cuentas de 2011, posteriormente reformuladas por el actual equipo de Bankia.

"En mi conciencia, no había ninguna sensación de que tuviéramos un problema de salvedades, nadie me lo había transmitido", ha resaltado a la sección cuarta de la sala de lo Penal, a la que ha reconocido que aunque el auditor había mostrado su preocupación por la valoración de las acciones del grupo, no se lo trasladó.

Al respecto, se ha referido a la demora inicial en la presentación del informe en el momento de la aprobación de las cuentas en marzo de 2012, a la que el Consejo no dio importancia al entender que Celma estaba esperando a la aprobación por parte del Banco de España al primer plan de saneamiento.

Sin embargo, a partir de abril la situación cambió y es Rato el que se pone en contacto con él, por primera vez en ese año, en una llamada telefónica "muy corta".

"Estábamos muy perplejos de que una firma como Deloitte dejara de cumplir con sus funciones", ha afeado Rato, que ha admitido que en esos días, la inquietud ya había comenzado a pesar sobre los responsables de auditoría del Consejo.

Tras las preguntas del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha sustituido en esta sesión a Carmen Launa, aún de baja médica, la abogada del Estado ha tratado de establecer la relación del FROB con Bankia para determinar el grado de control o presencia que el fondo tenía en la entidad.

Rato, que se enfrenta a penas de entre cinco y doce años de prisión por estafa a inversores y falsedad contable, ha sostenido la estrecha relación del organismo con el Banco de España, ya que su presidente era el subgobernador del regulador.