La Ley de Directrices de Ordenación y Turismo de Canarias, aprobada -por unanimidad- en 2003 y que buscaba limitar el crecimiento turístico y fijar un modelo de desarrollo sostenible, no dio el resultado esperado. Su sucesora, la Ley de Medidas Urgentes, aprobada hace dos años, ya encuentra detractores. ¿Causó la norma un efecto llamada que precipitó la construcción de numerosos establecimientos hoteleros y extrahoteleros entre ese año y 2007, o fue la falta de cumplimiento de la norma lo que permitió esa situación que, precisamente, estaba destinada a prevenir? La interpretación varía según los partidos y, en consecuencia, también difieren las "recetas" a aplicar.

PP.- El número uno del Partido Popular (PP) por Tenerife al Parlamento regional, Manuel Fernández, asegura que la Ley de Directrices es de las que "más daño" han hecho a la planificación del territorio y afirma que esa norma creó inseguridad jurídica porque "nadie sabe qué puede pasar con nada y nadie se atreve a invertir en Canarias".

Por eso, los populares abogan por efectuar una revisión "total" de la normativa de tal forma que solo tenga un carácter "orientativo" sin condicionar el crecimiento futuro de los municipios, así como una reforma "profunda" de los planes insulares dada la acción "perversa" que la Ley de las Directrices ha ejercido sobre la construcción de infraestructuras turísticas.

En cuanto a la moratoria, Fernández reconoce que su formación política pensó desde el principio que no iba a funcionar porque "el Gobierno nunca puede controlar este tipo de cosas" -a pesar de que respaldó la Ley de Directrices en el Parlamento- y apuesta por una moratoria "natural", que consiste en que el mercado determine -a través de la demanda turística- las actuaciones en materia de renovación y construcción de los establecimientos de calidad superior.

PSC.- El número uno del Partido Socialista Canario (PSC) por Lanzarote al Parlamento regional, Manuel Fajardo, coincide con el PP en que su partido "nunca quiso la Ley de Directrices", pero aclara que los problemas relacionados con esta norma se deben a la "no aplicación" de la ley antes que a su contenido. "En el fondo, lo que el PP quiere es que no haya intervención alguna, pero eso es una barbaridad".

En todo caso, Fajardo admite que la normativa canaria de ordenación es "demasiado prolija" y que hace falta una simplificación porque "más que una ayuda a la actividad económica, supone un obstáculo para la inversión".

En cuanto a la moratoria turística, el PSC apuesta por la renovación de la planta alojativa como fórmula para reactivar esta actividad, vía que ayudará también a cualificar la oferta y diversificar la economía de las Islas.

"Lo importante es que no se consuma más suelo y la forma de lograrlo es a través de los convenios de rehabilitación , además de adaptar los planeamientos municipales a las leyes", sentencia.

CC.- El número seis de la lista por Tenerife al Parlamento regional de Coalición Canaria (CC), José Miguel González, desmiente al PP cuando afirma que "es verdad que la Ley de Directrices tuvo al principio algún efecto negativo, pero ahora es una ley efectiva y necesaria porque el mercado tiene un límite y hay que mantener controles".

Como los populares y los socialistas, los nacionalistas también creen necesario simplificar la legislación de ordenación y admiten que parten de unos criterios de "racionalidad" que están plasmados sobre el papel "que no se cumplen" en la práctica, lo que origina una red que retiene las inversiones y que resulta negativa para la economía del Archipiélago.

Sobre la moratoria, González recuerda que la ley contiene medidas concretas que impiden autorizar la construcción de nuevas infraestructuras turísticas, y que apuesta por la rehabilitación, coincidiendo así en la fórmula con el PSC. "Esto hay que mantenerlo: la normativa debe mejorar, es verdad, pero no se puede abrir el mercado porque el territorio es limitado y hay exceso de oferta".

UPyD.- El número uno por Gran Canaria al Parlamento y aspirante a la Presidencia regional de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), José Luis García, lamenta la "barbaridad" de normas de ordenación en todo el país y también en Canarias. "Todos los partidos deberían sentarse para hacer un gran pacto de revisión y sacar unas directrices únicas que borren la actual y dejen una ley más clara", sentencia García. A diferencia de los partidos precedentes, UPyD apuesta por un cambio del modelo turístico que permita aumentar las camas a través del crecimiento en altura, aunque, y en eso coinciden con los demás, para construir hoteles y apartamentos de calidad superior.

NC.- El presidente de Nueva Canarias (NC) y candidato a la Presidencia autonómica, Román Rodríguez, aboga por simplificar las normas de ordenación y niega que la Ley de Directrices sea responsable del freno de las inversiones turísticas.

"El problema es la falta de crédito y el retroceso de la economía", aclara. "Las camas autorizadas en la legislatura anterior no se han construido", explica.