Las elecciones generales del 20 de noviembre ya tienen como primer legado que serán las que registren una mayor abstención de los españoles residentes en el extranjero, superior al 90 por ciento.

A pesar de que el número de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha aumentado hasta situarse en 1.463.473 personas -258.144 más que en 2008-, solo uno de cada diez ha solicitado votar.

De este porcentaje, no todos acabarán ejerciendo el sufragio, puesto que se han denunciado numerosas quejas de electores a los que la documentación no les está llegando a tiempo desde España para poder mandar las papeletas a los consulados antes del día 19.

La crisis del voto emigrante tiene su principal causa en el cambio de la ley electoral aprobada el pasado mes de enero, que se ha unido al tradicional problema de la correspondencia.

Además de suprimir la participación de los expatriados en los comicios municipales, la reforma legal instauró el llamado voto rogado para las generales y autonómicas.

Esta fórmula obliga a quienes viven en el extranjero a comunicar personalmente su voluntad de ejercer su derecho de sufragio.

Ya en las autonómicas de mayo, votó menos del cinco por ciento de los inscritos en el CERA, después de que lo pidiera el 8,2 por ciento.

El Gobierno reconoce que la participación de la comunidad emigrante en el 20N es "muy insuficiente", como afirma la directora general de Ciudadanía Española en el Exterior del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Pilar Pin.

En 2008, el índice de participación del CERA fue del 31,74 por ciento, no lejos del récord de 1989, cuando se registró un 36,15.

En declaraciones a Efe, Pin admite que la reforma legal ha causado "malestar y rebeldía" en los emigrantes que marcharon de España hace décadas, en sus hijos y nietos que se han nacionalizado y en quienes se han mudado al extranjero en los últimos años por cuestiones laborales o personales.

La directora general asume que la instauración del voto rogado les ha desincentivado.

"El procedimiento de voto es complicado", admite Pin, quien recuerda que la ley "la hizo el Parlamento, no el Gobierno".

La directora general lamenta que no se hayan introducido fórmulas para que los electores reciban a tiempo las papeletas por correo después de ''rogarlas''.

Tuvieron de plazo hasta el 22 de octubre para comunicar por correspondencia o fax su deseo de votar. A los que les ha llegado la documentación, tienen de margen hasta el día 19 para mandarla a las oficinas consulares. Si el matasellos es posterior, el voto no será válido.

Este proceso implica un alto grado de dependencia de servicios de correos que no son tan eficientes como el de España, en especial, en lugares de América Latina, donde una carta puede tardar semanas en llegar a su destino. "Los plazos marcados por la ley son suficientes en Europa, pero no en países de América. El Gobierno se ve incapaz de articular el funcionamiento de los sistemas de correos de cada país", apunta Pin.

Pin cree que la solución pasa por la implantación del voto electrónico con las garantías adecuadas. "Hay que cambiar la mentalidad", aconseja. Aunque la reforma legal aprobada en enero de este año tuvo una amplio respaldo, ni PSOE, ni PP están satisfechos de sus efectos. El director del PP en el Exterior, Alfredo Prada, ve necesario hacer una "reflexión" tras el 20N y buscar nuevas fórmulas que fomenten una mayor participación. Prada optaría por mantener el método por correo y potenciar el voto en urna en los consulados sin necesidad de que sea rogado.

La secretaria de emigración del PSOE gallego, Marisol Soneira, comenta que el rechazo entre los emigrantes a la nueva ley es general, sin distinción de edad o país de residencia.