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El Parlamento argentino estudia anular los indultos a los comandantes de la dictadura


EFE, Buenos Aires
24/ago/03 19:22 PM
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Después de haber abolido las llamadas leyes de impunidad, el Parlamento de Argentina debatirá un proyecto para anular los indultos a los comandantes de la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983 y a ex jefes guerrilleros.

"Si los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, entonces también son inindultables", señaló la diputada Margarita Stolbizer, autora de uno de los tres proyectos de ley de nulidad de los decretos de indulto firmados en 1990 por el entonces presidente argentino, Carlos Menem.

La legisladora, de la Unión Cívica Radical, dijo que el presidente de la Cámara de Diputados, el peronista Eduardo Camaño, le comunicó el viernes que "estudiaba" citar a sesión especial dentro de "unas dos semanas" para debatir esas iniciativas.

Stolbizer indicó que, con una decena de diputados de otros grupos, ha solicitado que la sesión fuera convocada para el próximo miércoles, pero que el aplazamiento de una semana servirá para "tratar de buscar consenso" con otros bloques, especialmente, con el mayoritario, el peronista.

Reservas

Sin embargo, un parlamentario peronista, que solicitó reserva de su identidad, aseguró que en su grupo "no hay demasiado espacio" para acordar la nulidad de los indultos, pues la mayoría considera que "alcanza" con haber invalidado las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.

La madrugada del jueves, tras diez horas de debate, el Senado convirtió en ley el proyecto, que tenía el aval de la Cámara Baja, para declarar "insanablemente nulas" esas dos normas que exculparon a más de un millar y medio de militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.

La decisión parlamentaria, en consonancia con la expresión del presidente Kirchner de "acabar con la impunidad", abrió el debate sobre si la nulidad de esas leyes habilita a los tribunales locales a reanudar los procesos por las violaciones a los derechos humanos.

El constitucionalista Ricardo Monner Sans consideró que toda decisión parlamentaria para anular leyes e indultos que "repugnan el ordenamiento jurídico es un paso positivo" y, fundamentalmente, una "señal a los jueces para que no se hagan los distraídos".

Los especialistas sostienen que le compete exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, abolir las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida.