Apenas dos días después de haber dado su conformidad a un acuerdo para resolver la crisis de Honduras propiciada por el golpe de Estado, el presidente depuesto, Manuel Zelaya, y el Gobierno de facto dirigido por Roberto Micheletti comenzaron a discrepar sobre los términos y los plazos del pacto.
El punto de la discordia volvió a ser el referente a la restitución en el poder del mandatario derrocado, que había bloqueado durante casi una semana las negociaciones hasta que la semana pasada una misión estadounidense y la Organización de Estados Americanos (OEA) lograron que las partes se pusiesen de acuerdo.
El Acuerdo Tegucigalpa-San José establece que es el Congreso el que deberá resolver sobre si Zelaya regresa o no al poder. El presidente depuesto aseguró ayer que no acepta que se ponga en duda su presidencia.