El presidente de Uruguay, José Mujica, apaciguó ayer las fuertes críticas desatadas en el seno del bloque oficialista por el plan que pretendía conceder el arresto domiciliario a represores mayores de 70 años y aceptó desechar esa medida.
El mandatario anunció su decisión de renunciar a ese plan, en cuya aplicación había insistido en varias ocasiones, durante una reunión que mantuvo con los legisladores del izquierdista Frente Amplio, a quienes convocó para debatir la relación del partido con las Fuerzas Armadas.
En el encuentro, que duró varias horas, Mujica y sus diputados dialogaron sobre la manera de integrar mejor a las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya y lograr una mayor unidad nacional de cara al futuro, uno de los planteamientos estratégicos que el presidente realizó nada más llegar al Gobierno.
Allí el presidente recibió de forma directa las opiniones y críticas de los legisladores sobre su anunciado anteproyecto de ley que buscaba otorgar el arresto domiciliario a todos los presos mayores de 70 años, sin importar el delito por el que estuvieran presos, con el objetivo de descongestionar las cárceles.
El diputado oficialista Aníbal Pereyra, coordinador de la bancada del FA, explicó que el encuentro fue muy positivo y que al final el presidente señaló que la idea de poner en arresto domiciliario a ex represores era una "filosofía personal" y que no pensaba imponer una decisión a los diputados.
Esta medida así planteada favorecía a la mayor parte de los jerarcas de la dictadura encarcelados, entre ellos el ex general Gregorio Álvarez, ex presidente y hombre fuerte del Gobierno de facto y condenado por violaciones a los derechos humanos.