El departamento de Justicia de EEUU recurrió ayer la ley del estado de Arizona que convierte en delito penal la inmigración ilegal y pidió al juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el 29 de julio.

Los abogados del Go-bierno argumentaron que la norma infringe la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.

"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de un batiburrillo de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país", afirma la demanda.

La norma convierte en delito menor la presencia de una persona en Estados Unidos sin un permiso legal, lo que autoriza a la policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.