El Senado francés aprobó ayer el punto más controvertido de la reforma gubernamental del sistema de pensiones, que eleva la edad mínima de jubilación de 60 a 62 años, y contra el que los sindicatos franceses han convocado el próximo martes una nueva huelga general.
Con 186 votos a favor y 153 en contra, la cámara alta dio su aprobación al artículo 5 del texto, que ya aprobó la Asamblea Nacional, sin incluir modificaciones.
Esto implica que ese punto del texto, el más polémico, será definitivamente aprobado, salvo cambios poco probables o que el Senado rechace el conjunto del texto.
El grupo del Partido Socialista (PS), que busca una radicalización de la protesta en la calle, declaró en un comunicado que la movilización del 12 de octubre y las posteriores pueden "mover las cosas" mientras el texto siga debatiéndose en el Senado, etapa que "podría durar semanas".
En la misma línea se expresó el Partido Comunista Francés-Partido de Izquierda, desde donde aseguraron que "la ley está lejos de estar votada". Esta misma semana, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, anunció ciertas modificaciones menores en la reforma, pero reiteró que el aumento de la edad mínima legal para jubilarse es indispensable.
Séptima huelga general
La huelga general del próximo martes, la séptima contra la reforma en lo que va de año, ha llevado a los sindicatos de varios sectores, como el energético o el transporte ferroviario, a convocar un paro indefinido.
Además, las ocho principales agrupaciones de trabajadores llamaron hoy a los franceses a movilizarse en la calle el próximo sábado 16.
La última vez que los sindicatos organizaron manifestaciones durante un fin de semana para defender el actual sistema de pensiones, el pasado 2 de octubre, dijeron haber movilizado a 2.900.000 personas en todo el país, frente a las 899.000 que contabilizó el Ministerio del Interior.
En la última huelga contra la reforma, el pasado 23 de septiembre, los sindicatos aseguraron que se movilizó a casi tres millones de franceses en las más de 220 concentraciones convocadas en todo el país, mientras que el Gobierno rebajó el dato por debajo del millón de personas.