Los líderes de la Unión Europea (UE) comenzaron hoy una cumbre de dos días profundamente divididos sobre la propuesta alemana de reabrir el Tratado de Lisboa para endurecer las sanciones por indisciplina fiscal y para resolver futuras crisis de deuda en la Eurozona.

A su llegada a la sede del Consejo Europeo, varios jefes de Estado y de Gobierno mostraron su desacuerdo con la canciller alemana, Angela Merkel, a propósito especialmente de su exigencia de que se retire el derecho de voto a los países que incumplan las nuevas reglas de rigor presupuestario.

Merkel, por su parte, al llegar a la reunión, insistió en que la reforma del tratado es necesaria para poder encajar un mecanismo permanente de rescate de países en dificultades y también la retirada del derecho de voto.

"Quisiera discutir sobre la suspensión de los derecho de voto. Defenderé que una política que pone en riesgo el euro, que pone en riesgo a la Unión Económica y Monetaria, pone en riesgo a la UE como un todo", anunció a los medios la canciller.

"Hablaremos de este tema tan controvertido, yo lo pondré en el orden del día", recalcó.

Merkel aseguró que la zona euro necesita un mecanismo, "un procedimiento que implique también a los bancos y a los fondos de inversión, que ganan grandes intereses. Para que el contribuyente no cargue con toda la responsabilidad".

La reforma que pretende el Gobierno alemán busca no sólo hacer inatacable jurídicamente cualquier futuro mecanismo de rescate, sino también hacer participar en él al sector financiero, con el fin de que los Estados no aparezcan como la última garantía.

La "facilidad" financiera especial creada en mayo "in extremis" para frenar el contagio de la crisis griega a otros países periféricos de la Eurozona, dotada con 440.000 millones de euros, tiene carácter temporal (hasta 2013) y sólo está respaldada por garantías públicas.

Berlín pretende sustituirla por un mecanismo permanente que contemple incluso la posibilidad de una quiebra ordenada de un Estado, cuyo coste se reparta también con el sector privado.

Las primeras declaraciones de los gobernantes europeos, antes del debate de esta tarde, mostraron cierta disposición a abordar una reforma del tratado, siempre que se trate sólo de algo muy limitado.

El más claro fue el primer ministro luxemburgués y presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, quien se volvió a manifestar en contra de retirar el derecho de voto en la UE a los países que no cumplan sus compromisos de disciplina presupuestaria, una idea -según él- "a la que no hay que dar continuidad".

La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaité, aseguró que su país aceptará la revisión, si ésta es "muy limitada y centrada en el mecanismo" de rescate.

Aun así, Grybauskaité recalcó que hace falta "examinar todas las posibilidades" y no dejó de recalcar que todos los países deberían ser consultados de antemano, y no como ha ocurrido ahora, con un entendimiento previo entre Alemania y Francia.

El primer ministro estonio, Andrus Ansip, dijo por su parte: "si hay una necesidad auténtica, estamos dispuestos a hacerlo".

La jefa de Gobierno finlandesa, Mari Kiviniemi, reconoció por su lado que no es posible negarse a un cambio de tratados.

En rueda de prensa celebrada al término de la llamada "cumbre social", entre los responsables de las instituciones de la UE y los interlocutores sociales, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, calificó de "inaceptable" y "no realista" la pretensión de retirar el voto a un Estado miembro.

Si la "sustancia" de los cambios que se quieren hacer en el tratado es reducir los derechos de voto de los Estados miembros, "lo encuentro inaceptable", dijo.

Semejante reforma de las reglas del juego es "incompatible con la idea de cambios limitados del tratado", según el presidente de la CE, "y no será nunca aceptada por unanimidad por los Estados miembros".

Ahora bien, si lo que se pretende con la revisión limitada del tratado es afianzar la respuesta europea a la crisis financiera y económica, entonces, según Barroso, "podemos estudiarlo".

Pero el presidente del Ejecutivo comunitario ha considerado "lamentable" que esta polémica y división entre los gobiernos europeos sobre la conveniencia o no de revisar el Tratado de Lisboa esté ocultando los éxitos logrados hasta ahora en la reacción conjunta a la crisis y la reforma de las reglas de gobernanza económica que ya está en marcha dentro de la UE.