La alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, ha apoyado hoy extender el debate sobre la reforma constitucional en la República Democrática del Congo (RDC), de cara a modificar la normativa electoral y el sistema institucional.

"La UE ha seguido atentamente el proceso de revisión de la Constitución congoleña, que ha conducido al cambio de las reglas de las elecciones presidenciales, así como de las relativas a los equilibrios institucionales. La UE cree que este proceso merecía un debate público más extenso", ha indicado Ashton en un comunicado.

En opinión de la jefa de la diplomacia europea, los cambios introducidos en el sistema electoral "tienen poca incidencia financiera".

Sin embargo, Ashton ha confirmado que la UE está dispuesta a presionar para que el proceso termine en "unas elecciones democráticas, creíbles y abiertas, entendiendo que los acuerdos serán revisados a la luz de un nuevo presupuesto electoral por establecer".

En este sentido, según el comunicado de Ashton, la UE "continúa apoyando el diálogo entre congoleños de todos los partidos" y de "la sociedad civil", dentro del marco de "consenso que ha prevalecido desde la adopción de la Constitución de 2006".

La alta representante europea ha recordado que es "responsabilidad" de los políticos de la RDC que se lleve a cabo en el país "un proceso electoral libre, regular y pacífico" y que se garanticen la igualdad de condiciones entre candidatos y las libertades fundamentales, como las de expresión y prensa.

La UE está presente en la República Democrática del Congo a través de una misión para la reforma del sector de la seguridad (EUSEC), cuyo mandato los países comunitarios acordaron en septiembre extender durante otros dos años, hasta 2012.

Esa misión se inició en 2005 bajo la política comunitaria de Seguridad Común y Defensa, con la premisa de asistir a las autoridades congolesas en su labor de crear un aparato de defensa capaz de garantizar la seguridad de sus habitantes y de respetar, a su vez, los estándares democráticos y los derechos humanos.