El Gobierno español ha defendido ante la ONU la plena legalidad de la detención incomunicada en los delitos de terrorismo y ha subrayado además que es una garantía de derechos para los detenidos de ETA, que así pueden verse libres de las "coacciones" y "consignas" de los abogados del entorno etarra.
En su respuesta al último informe del Comité de la ONU contra la Tortura, el Ejecutivo ha rechazado la posibilidad de abolir la detención incomunicada, tal y como sugería esta organización, y ha insistido en que se trata de un instrumento para evitar que el arrestado "pueda alertar al resto de la banda" y "frustrar las investigaciones judiciales".
El informe de Naciones Unidas pedía a España que realizara las modificaciones legales necesarias para que los detenidos pudieran escoger abogado y entrevistarse privadamente con él, fueran visitados por un médico de su elección y las familias fueran informadas de su paradero.
Tres recomendaciones que no comparte el Gobierno español, que ha dejado claro que la asistencia de un abogado de oficio durante el periodo de detención garantiza los derechos del arrestado al igual que un letrado de su elección.
Además, el Ejecutivo advierte de que la red de abogados de ETA viene actuando como "portador de consignas y amenazas" a los propios detenidos.
"La desconexión del detenido de la red de abogados resulta, en muchos casos, necesaria para garantizar la declaración libre y sin coacciones", alerta.
Para apuntalar esta idea, el Gobierno destaca la detención en abril del año pasado de cuatro abogados de la banda que actuaban de "comisarios políticos" y se encargaban de mantener una férrea disciplina en el colectivo de presos.
Sobre la libre elección de un médico, el Gobierno recuerda que la actual legislación española establece el traslado inmediato a un centro sanitario de todo detenido que presente "cualquier lesión imputable o no a la detención".
Defiende el Ejecutivo la figura del médico forense que "no puede recibir instrucciones ni del juez ni de las autoridades gubernativas".
"La presencia del médico forense es al menos igual de eficaz para la prevención y detección de eventuales malos tratos que la presencia de cualquier otro médico", subraya la respuesta del Gobierno español.
En cuanto a la solicitud de la ONU de que un familiar pueda conocer el hecho de la detención y el lugar en el que se encuentra incomunicado, España alerta de que facilitar esta información daría "al traste" con el propio sentido de la prisión incomunicada.
Recuerda además el Gobierno que el régimen de incomunicación debe ser autorizado por el juez mediante un auto motivado en las primeras 24 horas de la detención y que acarrea un "control continuo y permanente" del detenido por parte de la Autoridad Judicial.
En este sentido, ha destacado el hecho de que se hayan instalado cámaras en el 50 por ciento de las dependencias de la Policía y la Guardia Civil y también en las salas de interrogatorios, "si el juez que instruye lo recomienda".
Ha insistido en que la detención incomunicada es una medida "excepcional" que sólo se aplica en el 0,05 por ciento del total de detenidos y que su régimen es similar al de la mayoría de países europeos a pesar de que no sufren un problema de "terrorismo activo" como en España.