El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, pidieron ayer a sus socios comunitarios que se realicen cambios en el Tratado de Schengen para afrontar crisis migratorias como la que vive Italia con la llegada masiva de indocumentados del norte de África.

Los dos mandatarios se reunieron ayer en Roma para abordar, entre otros asuntos, la situación en el norte de África y la crisis migratoria que había generado tensiones entre los dos gobiernos en las últimas semanas, una cuestión que tanto Sarkozy como Berlusconi quisieron dar ayer por cerrada.

"Hemos hablado de Schengen. Las cosas tienen que ser reguladas entre países amigos sobre la base del derecho existente. Ninguno quiere negar Schengen, pero en circunstancias excepcionales hemos acordado que pueda haber variaciones que tienen que ser trabajadas de modo conjunto", comentó Berlusconi en una comparecencia de prensa al término de la cumbre.

"Francia cada año ha recibido más de 50.000 inmigrantes. Italia ha recibido, por el contrario, una media de 10.000. El esfuerzo de Francia ha sido cinco veces superior al esfuerzo hecho por Italia y de esto nosotros somos conscientes", añadió.

Por su parte, Sarkozy indicó que el deseo de Francia es que Schengen, el tratado que establece una única frontera europea, "siga vivo, pero para que viva tiene que ser reformado", y afirmó que, además de "fortalecer" esa zona de libre circulación, hay que reforzar la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex).

De la cumbre bilateral, en la que también participaron los ministros de Interior, Economía y Exteriores de ambos países, salió una carta conjunta para los presidentes de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, y del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. En ella se hace referencia a las modificaciones que tanto Italia como Francia piden a sus socios comunitarios sobre Schengen, unos cambios que, según ambos gobiernos, se justifican por la posibilidad de que la situación migratoria del Mediterráneo se transforme en una pérdida de confianza de los ciudadanos sobre la libre circulación europea. La carta aborda además la cuestión del llamado "régimen de asilo europeo común", una exigencia que Francia e Italia pretenden que se concrete de aquí a finales de 2012.