El Gobierno griego aprobó ayer reducir en 30.000 funcionarios su sector público este mismo año, tras un acuerdo con los inspectores de la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE). La decisión fue adoptada en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, convocada por el jefe de Gobierno, Yorgos Papandréu, con el objetivo de ahorrar 300 millones de euros hasta final de 2012, según un comunicado del portavoz oficial griego, Ilias Mosialos.

Concretamente, los 30.000 empleados estatales pasarán en un primer momento a obtener el "estatus de reserva", previsto cuando se considera que hay un número redundante de funcionarios. Ello implica el cobro del 60 por ciento del sueldo durante un año, a la espera de ser recolocado, despedido o jubilado.

"La decisión es el resultado de largas y difíciles negociaciones con la ''troika'' (la misión inspectora de la CE, el FMI y el BCE), la cual insistió en que la reserva debería ser la cámara anterior a los despidos, y no un paso previo a la jubilación adelantada", se dice en la nota. En la lista de reserva entran unos 20.000 funcionarios públicos que se jubilarían en los próximos dos años o aquellos que pueden hacerlo de forma anticipada.

Otros funcionarios que habían permanecido en sus puestos haciendo uso del derecho de trabajar tras el derecho de jubilación, serán despedidos ahora. El resto vendrá del despido de empleados de los 151 organismos estatales que deben reducir su plantilla en un 10 % este año. Hasta fines del año 2013, el objetivo es reducir los organismos estatales en un 30 %.

Según analistas griegos, hacia 2013 estas medidas afectarán, de los 900.000 que totalizan actualmente los funcionarios públicos, a 150.000 empleados.

"Así se garantiza de forma inmediata un resultado de beneficios fiscales, sumados a reducir el sector público", dice la nota.

Agrega que "la mayoría de los funcionarios que incluyen las listas van hacia la jubilación y no al paro... y no se pagarán compensaciones por despidos".

El Gobierno griego, por otra parte, reconoció ayer que no cumplirá los objetivos de déficit marcados por la UE y el FMI, al aprobar el borrador de los presupuestos generales para 2012, que contemplan unos recortes adicionales de 6.600 millones de euros entre este y el próximo año.

El Ministerio de Finanzas griego hace alusión a las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros en la reunión extraordinaria convocada ayer.

El Ministerio de Finanzas señaló que la contracción de la economía será mayor de lo esperado y subirá al 5,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) en vez de al 3,8 % previsto. Para 2012, la contracción se coloca entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros. También se ha corregido el déficit, que cerrará este año en un 8,5 % del PIB, en vez del 7,6 % fijado por la UE y el FMI, desde el 10,5 % de 2010. Las previsiones del déficit para 2012 alcanzará el 6,8 % del PIB.

El Ministerio de Finanzas griego espera un superávit primario, sin contar las obligaciones de pagos de los préstamos, de 3.200 millones de euros, equivalentes al 1,5 % del PIB. Estos datos son la base del presupuesto estatal proyectado para 2012. El borrador de esos presupuestos se tramitarán hoy lunes al Parlamento para su estudio y posterior votación, que se espera que se produzca a finales de mes.

La reunión se produce después de una semana de negociaciones entre las autoridades griegas y los inspectores internacionales de la llamada "troika", compuesta por expertos de la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE).

Del informe de los jefes de la misión de la troika dependerá si el resto de socios de la zona euro decidan el próximo 13 de octubre conceder a Grecia un tramo de 8.000 millones de euros necesario para que ese mantenga a flote.

Los ministros de Economía de la eurozona examinarán hoy en Luxemburgo las nuevas medidas de ajuste adoptadas por Grecia a cambio de su rescate, pero no desbloquearán la mencionada ayuda urgente de 8.000 millones de euros que Atenas necesita para no suspender pagos en octubre tanto de salarios como de pensiones.