Un grupo de parlamentarios independientes irlandeses tratará de forzar a su Gobierno a que convoque un referéndum para ratificar el nuevo Tratado de la Unión Europea (UE) sobre disciplina fiscal.

Su plan de acción prevé recurrir una ley nunca utilizada antes, que permite presentar al presidente de la República, el laborista Michael D. Higgins, una solicitud instándole a usar uno de los pocos poderes que tiene ese cargo, principalmente representativo.

Si esa citada petición está respaldada por al menos un tercio de los 166 diputados que forman la Cámara Baja de Dublín (Dáil) y la mayoría de los 60 senadores de la Cámara alta (Séanad), el presidente puede negarse a ratificar cualquier ley hasta que sea aprobada en una consulta popular.

La redacción de la solicitud correrá a cargo del parlamentario independiente Thomas Pringle, quien reconoció hoy que, para que la iniciativa salga adelante, necesitará los votos de algunos miembros del conservador Fine Gael y del Partido Laborista, socios en el Ejecutivo de Dublín.

El Gobierno envió este martes a la oficina del Fiscal general del Estado el texto del citado tratado de la UE para que determine si su contenido debe ser aprobado en un referéndum por el electorado irlandés.

La fiscal Máire Whelan debe examinar este texto para concluir si la adhesión de Irlanda modificaría la Constitución nacional, en cuyo caso el Ejecutivo está obligado a celebrar una consulta popular.

El Gobierno de Dublín confía en que muchas de las nuevas medidas recogidas en el tratado se vean ya amparadas por la legislación europea vigente, lo que reduciría las posibilidades de convocar un incómodo plebiscito.

A este respecto, el primer ministro irlandés, el conservador Enda Kenny, se vio hoy obligado a negar en el Dáil que su equipo negociador, junto a sus colegas comunitarios, redactaron cuidadosamente el texto del tratado para evitar la celebración de un referéndum en Irlanda.

En el pasado, el condicionante constitucional irlandés ha dado serios quebraderos de cabeza a Bruselas.