Los 60 días de huelga de hambre del palestino Jader Adnan, preso por Israel sin cargos, han vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la aplicación de la justicia militar con la que Israel juzga a los palestinos en los territorios ocupados, y su denunciada falta de imparcialidad.
Adnan fue detenido el 17 de diciembre por el Ejército israelí bajo el amplio concepto de "detención administrativa", una herramienta que permite arrestar indefinidamente a los palestinos sin imputación de delito alguno.
Este hombre, ex portavoz del grupo islamista palestino Yihad Islámica, es uno de los 307 palestinos en ese limbo legal, una situación que le ha llevado a negarse a ingerir alimentos desde el día siguiente a su detención.
Según confirmó el servicio israelí de prisiones, en los últimos dos meses cientos de presos han rechazado igualmente alguna de las comidas que reciben en apoyo a Adnan.
"En los casos de detención administrativa como este no tenemos derecho siquiera de ver el dossier de acusación, porque se considera ''material secreto'' que ni detenido ni abogado pueden conocer", explicó Sahar Francis, directora de la ONG palestina de apoyo a los presos Adamir.
Esta abogada explica que "en la vista judicial hay dos partes, una en la que el abogado puede hacer preguntas al fiscal, pero que éste no contesta argumentando secreto, y otra entre el fiscal y el juez, en la que se decide todo sin presencia de la defensa".
La detención administrativa se puede extender cada seis meses, lo que permite que algunas personas estén años sin saber por qué están detenidos ni qué pueden hacer para ser liberados.
"En la Primera Intifada hubo presos que pasaron ocho años en detención administrativa y ahora hay varios que llevan tres años y medio en esa situación", asegura Francis.
Para ella, el problema de las detenciones administrativas es solo uno más de los ejemplos que demuestran que la justicia militar que Israel aplica en los territorios ocupados es "una ficción" para dotar al sistema de una pátina de aparente legalidad frente a la comunidad internacional.
"Hay tres problemas fundamentales en el sistema: la indefinición de los delitos, los procedimientos que violan derechos básicos del detenido y la excesiva dureza de las penas, con prisión de hasta un año por tirar una piedra sin golpear a nadie", explica.
Ser miembro de una asociación estudiantil, pone como ejemplo, puede ser penado con la cárcel si se interpreta como actividad política.
La ley castrense permite que los detenidos estén hasta ocho días sin presentarse ante un juez (en vez de las 24 horas en Israel) y da a las fuerzas de seguridad 180 días para interrogarle, que pueden ser extendidos ilimitadamente.
Otra de las carencias del sistema, dice Francis, es que "la mayoría de acusaciones se basan en confesiones que otros presos hacen durante interrogatorios en los que la tortura y el maltrato están muy extendidos. Hay muy pocos casos en los que se aporten pruebas externas".
Los interrogatorios son en árabe, pero los presos firman la declaración en hebreo, idioma que muchos no entienden.
A los niños se les toma declaración sin presencia de un abogado ni de sus padres y tampoco se borra su ficha policial cuando cumplen los 18 años, como se hace en otros países.
Los abogados tienen un acceso limitado a sus clientes y los juicios transcurren en hebreo, con un joven sin formación de traductor legal entre los 18 y los 21 años que realiza el servicio militar obligatorio narrando someramente en árabe a los acusados lo que sucede.
"Y luego está la falta de independencia judicial. Con jueces contratados, pagados y elegidos por el Ejército es muy difícil convencer a la corte de que un prisionero dice la verdad, porque siempre creerán antes al soldado o la policía", denuncia.
En el sistema de justicia militar israelí "no es la Fiscalía la que tiene que demostrar la culpabilidad, sino el detenido quien debe probar que es inocente", añade.
Otro problema es que Israel juzga en sus tribunales militares (en Ófer, a las afueras de Ramala, y Salem, en el norte) no solo cuestiones de seguridad, sino también faltas civiles como infracciones de tráfico o multas impagadas, que pueden llevar a los palestinos a la cárcel.
Consultados por Efe, ni el Ejército israelí ni la Fiscalía militar dieron respuesta a estas acusaciones.
Para Adamir, el hecho de que "más del 90% de los casos se cierren con acuerdos entre fiscal y abogado y menos de un 1% sean declarados inocentes" demuestra la inexistencia de un juicio justo.
"Los tribunales militares son una parte más del aparato de ocupación, humillación, control y opresión israelí", denuncia la abogada.