Miles de trabajadores del sector público se declararon hoy en huelga en Costa Rica y se manifestaron para protestar por la política salarial del Gobierno y el proyecto de reforma fiscal que se debate en la Asamblea Legislativa.

Con pancartas y consignas los funcionarios recorrieron el centro de San José hasta llegar a la Casa Presidencial.

Los sindicatos rechazan el aumento salarial del 2,33 % adoptado por el Gobierno para el primer semestre de 2012, al afirmar que no es un incremento real dado que es menor a las alzas de los precios de los productos y servicios.

El descontento de los empleados públicos también fue atizado la semana pasada con el anuncio de que los diputados de la Asamblea Legislativa recibirán este año un aumento salarial del 5 % semestral, fijado por un decreto vigente desde la década de 1990.

El otro objetivo de la huelga fue para protestar contra la reforma tributaria que impulsa el Gobierno.

En un manifiesto los trabajadores afirmaron que el aumento salarial "se ejecutó de manera unilateral y con señales de profundo desprecio al diálogo y la negociación".

Acerca de la reforma tributaria indicaron que "si la supuesta crisis fiscal es real, no compartimos la interpretación gubernamental sobre su profundidad, sus causas y mucho menos la descarga de más impuestos sobre el pueblo trabajador".

La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, afirmó hoy que la manifestación era "innecesaria" porque las puertas del diálogo siempre han estado abiertas y aseguró que fueron los sindicatos los que se levantaron de la mesa de negociación hace algunas semanas.

"El Gobierno ha venido defendiendo una política salarial equitativa y acorde a la realidad nacional, no puede haber nada más sensato que eso", declaró la mandataria en una rueda de prensa.

El Gobierno costarricense ha dicho que no puede aprobar un aumento mayor de salarios por ser insostenible para las finanzas del país, que en 2011 cerró con un déficit fiscal del 4,4 % del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 5,2 % de 2010.

El proyecto de reforma fiscal pretende recaudar unos 600 millones de dólares adicionales, entre el 1,5 % y el 2 % del PIB, con el fin de paliar el déficit.

El punto esencial de la iniciativa es crear un Impuesto de Valor Agregado (IVA) del 14 %, que sustituirá al actual impuesto de ventas del 13 %, y que además aumentará la lista de bienes y servicios por gravar.

También propone nuevos tributos como la renta global, renta mundial, un impuesto a zonas francas, una carga del 2 % a la educación y salud privadas, así como variaciones en el impuesto de renta.