El tribunal británico de Apelaciones dio luz verde al desalojo de los indignados acampados frente a la catedral de San Pablo, en el este de Londres, al negarles hoy la posibilidad de recurrir.

Los jueces desestimaron la petición de recurso presentada por los manifestantes anticapitalistas contra la decisión de un tribunal inferior que autorizó al Ayuntamiento de la City (el centro financiero londinense) a echar a los acampados.

Tras la decisión de hoy, se espera que las autoridades inicien próximamente el proceso de desalojo de las decenas de personas que acampan frente al templo londinense desde el pasado 15 de octubre.

El pasado 18 de enero, el Tribunal Superior de Londres ya autorizó el desalojo de los manifestantes al aceptar el argumento de la City of London Corporation (Ayuntamiento) de que estaba justificado por la necesidad de abrir el paso a los viandantes en los alrededores de la catedral de San Pablo.

El tribunal consideró entonces que las medidas previstas para el desalojo eran "legales y proporcionadas", en contra de lo alegado por los acampados, que consideran que son "duras" y violan sus derechos.

Tanto la Corte Superior como el Tribunal de apelaciones, que hoy no aceptó a trámite su recurso, valoraron que la expulsión no vulnera los derechos fundamentales de los manifestantes, que hay que contraponer a los del resto de la población.

Durante el proceso judicial, los miembros del movimiento Occupy London, inspirado en las protestas en Wall Street (Estados Unidos) y las asambleas de los indignados en España, argumentaron que su acampada no solo no perjudicó la actividad de la catedral, sino que tuvo efectos positivos en los visitantes, muchos de los cuales les expresaron su apoyo.

No obstante, al principio de la acampada hubo discrepancias dentro de la Iglesia Anglicana sobre cómo gestionarla y ello llevó a la dimisión de varios cargos, alguno de los cuales respaldó la causa de los indignados londinenses.

Unas 200 personas están acampadas frente a la catedral de San Pablo desde la convocatoria internacional contra el sistema financiero del pasado 15 de octubre, cuando no pudieron acceder a las inmediaciones de la Bolsa de Londres -su verdadero objetivo- por estar ubicada en un terreno de propiedad privada.

Desde entonces, organizan asambleas periódicas y han montado instalaciones como bar, centro de reuniones, biblioteca y otras abiertas al público.

Los seguidores de Occupy London piden un cambio de regulación en el sistema financiero que permita un reparto más equitativo de la riqueza y critican, según su lema, que un 1 por ciento de la población acapare todos los recursos, frente al 99 por ciento restante.

Tras perder la batalla judicial, los indignados, que también han protagonizado ocupaciones en otras partes de Londres y distintas ciudades británicas, deberán desmantelar su campamento bajo riesgo de, si no lo hacen, ser desalojados por la fuerza.