Un grupo de investigadores de la dictadura paraguaya (1954-89) ha accedido hoy, en presencia de un juez, a los archivos de la Armada, de los que esperan obtener nuevos datos sobre la Operación Cóndor y otros crímenes cometidos durante el régimen.
El juez, Arnaldo Fleitas, se ha personado en una dependencia de la Armada en Asunción y dispuso el ingreso de los investigadores, encabezados por el activista de derechos humanos Martín Almada.
Almada, que fue un perseguido de la dictadura de Alfredo Stroessner, contribuyó en 1992 al hallazgo de los llamados "Archivos del terror", que guardaba la Policía y que incluyen documentos sobre la "Operación Cóndor", el plan de coordinación de la represión política que pactaron en las décadas de 1970 y 1980 los regímenes militares del Cono Sur.
Fleitas ha dicho que autorizó la inspección en respuesta a una petición tramitada en 2008 por Almada, que desde entonces ha gestionado la obtención de fondos de la ONU para acometer la tarea.
El magistrado no descartó que en este archivo pueda haber documentos vinculados con la represión durante la dictadura de Stroessner, incluida la Operación Cóndor, que supuso, entre otras medidas, la entrega de perseguidos políticos de un país a otro.
"No podemos descartar nada, ya que los documentos son voluminosos y se tiene que proceder a una revisión minuciosa", resaltó el juez.
Almada, por su parte, ha destacado la importancia de acceder a este archivo, de cuya localización supo mediante una llamada anónima de un empleado de la dependencia militar que le alertó sobre de la existencia de documentos vinculados a la represión.
"Esperamos que, como resultado de esto, se esclarezcan muchos hechos", auguró el activista.
Almada también ha recordado que el presidente paraguayo, Fernando Lugo, le dio autorización para "visitar todos los cuarteles y entregar a la Justicia todo lo que se refiere al terrorismo de Estado".
"La Operación Cóndor fue un pacto eminentemente militar", ha explicado Almada, y la Policía de Stroessner "hizo el trabajo sucio".
Horas después de la apertura del archivo, Almada ha comunicado un primer hallazgo de documentación relativa a la Operación Cóndor, en concreto una nota dirigida a Stroessner sobre la detención de uruguayos y otras personas en Paraguay.
Durante la apertura del archivo, el ministro de Defensa, Catalino Royg, ha dicho que la investigación de los crímenes de la dictadura es "un trabajo que continúa" y que para Almada "siempre estaban disponibles y abiertos los archivos de las Fuerzas Armadas (...) No hubo en ningún momento obstáculo para su trabajo".
Martín Almada fue una de las víctimas de Stroessner: fue detenido y torturado en 1974, perdió a su esposa, sus bienes y sufrió el exilio.
La investigación que hoy abrió forma parte de décadas de lucha por saber también sobre su caso: cómo falleció su esposa y por qué lo torturaron militares extranjeros en su propio país, ya que supo que el primer torturador fue un oficial chileno.
Una de las encargadas del archivo, Antonia Amarilla, comentó que la dependencia tiene unos 2.500 tomos de documentos vinculados a las actividades de la Marina desde la década de 1920.
La Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay documentó en un informe divulgado en agosto de 2008 que 425 personas fueron ejecutadas o desaparecieron y casi 20.000 fueron detenidas en los casi 35 años de dictadura de Stroessner.
La dictadura cayó en un golpe militar el 3 de febrero de 1989 y Stroessner murió en el exilio en Brasil en 2006, pero sus víctimas han tenido que esperar años para empezar a recibir indemnizaciones y apenas se han abierto procesos penales contra responsables de la represión.
Las víctimas siguen litigando también por un procedimiento que permita desvelar los bienes que acumuló Stroessner y que ahora tiene su familia, y obtener compensaciones económicas.
Esta semana, el abogado Mario Benítez, que representa a algunas víctimas, denunció que la última causa ha sido recientemente archivada por un juez supuestamente amigo de Graciela Stroessner, hija del dictador, pero aseguró que seguirá intentando reabrirla.
Almada cifró en 5.000 millones de dólares la fortuna de los Stroessner y explicó que los jueces paraguayos se inhiben de abrir una causa sucesoria argumentando que, según la legislación, corresponde hacerlo en el país donde falleció el dictador.